Las democracias de América Latina y el Caribe "no superaron el legado autoritario" de las dictaduras para enfrentar la seguridad ciudadana, carecen de políticas de estado y abunda una "improvisación mediática" que tiene como víctimas mayores a la niñez y la juventud.
Ese es uno de los ejes del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, presentado ayer en Buenos Aires por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una conferencia de prensa celebrada en el Parlamento.
Los expertos destacan la necesidad de diseñar "políticas públicas eficaces" para garantizar la seguridad ciudadana y, sobre todo, prevenir que los adolescentes y jóvenes caigan en el delito.
Pero esas políticas deben ser distintas a las aplicadas todavía hoy, que se basan en "recetas que fracasaron", como el reclamo de más castigo, más cárceles o la pena de muerte.
También criticaron la "criminalización de la protesta social y la defensa del estado más que del propio ciudadano".
La violencia policial y de las fuerzas de seguridad causan una tasa de homicidios de 69 niños y jóvenes por cada 100 mil habitantes y que trepa a 90 por cada cien mil en la población de ingresos bajos, destacaron los expertos.
Los "principios autoritarios es el primer cambio" a realizar y deben estar involucrados "todas las áreas del estado, como la educación, salud y trabajo", destacó Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH.
Paulo Sergio Pinheiro, miembro de la CIDH y responsable del informe, sostuvo que "las democracias en la región no superaron el legado autoritario" de las dictaduras y, en la mayoría de los casos, "no hay políticas de seguridad sino improvisaciones mediáticas" a partir de un caso sonado.
Pinheiro agregó que las "víctimas de la improvisación son mayormente los niños y niñas, en una situación catastrófica", y apuntó a los "casos frecuentes de torturas y hasta desapariciones" cometidos por la policía.
El experto en niñez destacó la "tendencia a culpabilizar a los adolescentes de los crímenes cuando las estadísticas muestran que en la mayoría de ellos son cometidos por adultos", y como si "detrás de todo niño no hubiera adultos".
"Hay que cambiar esa percepción y el autoritarismo", instó Pinheiro, para quien es "inaceptable bajar y bajar" la edad de imputabilidad cuando los "responsables son los adultos".
El informe es "único en el mundo", con 21 recomendaciones "sencillas" que marcan "un ruta bien clara" para que los parlamentos legislen sobre el tema y los ejecutivos lo lleven a la práctica, dijo Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El hecho de que se haya elegido esta región responde a la "situación de violencia estructural y delicuencial" y la "incapacidad del estado para afrontar el problema", explicó a ANSA Incalcaterra.
Por ejemplo, pese a que representa el 8 por ciento de la población mundial, se registran más del 60 por ciento de secuestros y el 40 por ciento de crímenes cometidos cada año en el planeta.
Pero a la vez, recordó, América Latina "sufrió mucho" las violaciones a los derechos humanos en los 60 y 70 y abrió un camino hacia el debate y tratamiento en organismos internacionales.
Incalterra advirtió que el estado está perdiendo espacio "en favor de grupos criminales lamentables", como la guerrilla en Colombia, las organizaciones delictivas en Centroamérica y, en general, las mafias.
"El poder de esos grupos llega a corromper
estructuras del
estado", añadió el delegado regional de la ONU. Un ejemplo
-recordó- es el caso del ex "zar antimafia" de México, quien
recibía 450 mil dólares por mes del cártel de Sinaloa en 2008.
Argentina fue elegida como lugar de la primera presentación
porque en 1979 una delegación de la CIDH visitó el país en plena
dictadura, y, ya en democracia, hubo una colaboración permanente
de las instituciones nacionales.
El informe de la Comisión será presentado nuevamente en Lima, el 4 de junio, y luego en Centroamérica, en fechas por determinar.
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