Cientos de trabajadores bolivianos iniciaron una marcha de 200 kilómetros hacia La Paz al comenzar una huelga para reclamar aumento de salarios al presidente Evo Morales, cuyo gobierno sostiene que detrás de una demanda "justa" hay maniobras políticas de la derecha opositora.
El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, declaró que "no hay ningún paro en el país" y pidió a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) decisiones "sensatas" en las demandas.
Es la primera huelga general convocada desde
que Morales asumió el cargo, en 2006.
Grupos de trabajadores se
concentraron desde temprano en Caracollo, un pueblo rural del altiplano
en el que confluyen los caminos de Cochabamba y Oruro a La Paz, lugar
tradicional de partida de las marchas de protesta.
Mientras
tanto, en La Paz y el interior trabajadores de educación, salud,
fabriles, universidades y las minas, entre otros, iniciaron la huelga
exigiendo un aumento mayor al del 5 por ciento que decretó el gobierno
el primero de mayo.
La huelga general y la marcha fueron
convocadas por la COB, que rechazó el aumento oficial, pese a la
oposición de las federaciones campesinas y los cultivadores de coca que
decidieron no adherirse.
Los sindicalistas exigen un porcentaje
promedio de aumento de 14 por ciento, aunque los maestros pretenden un
salario básico de 7.500 bolivianos (150 dólares) que triplicaría el
actual.
Morales dijo en Oruro, 230 kilómetros al sur de La Paz,
que
"cuando hemos empezado a mejorar, siento que algunos
compañeros quieren todo sólo para salario y salario. Tenemos que
invertir, sólo invirtiendo podemos crear más fuentes de trabajo".
Según el vicepresidente, Alvaro García, la huelga general
"tiene fines políticos para desestabilizar" al gobierno, y afirmó que
infiltrados "de la derecha carvernaria" en los sindicatos "intentan
debilitar y utilizar una justa demanda
obrera para obtener rédito político".
El ministro Coca declaró
que "no hay ningún paro en el país"
y las actividades son "normales", y habló de una "presión" con la que se
buscó "paralizar o movilizar a grupos".
El gobierno ratificó la
negativa a otorgar un aumento mayor, pero aceptó atender otras demandas.
El ministro de Economía, Luis Arce, propuso distribuir a los trabajadores de salud y educación el total del aumento del 5 por ciento pagando un porcentaje mayor a los que ganan menos y otro menor a los que ganan más.
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