Los indígenas radicalizaron su oposición al gobierno ecuatoriano este miércoles, convocando a una protesta nacional contra un proyecto de ley sobre el manejo del agua, que el martes derivó en un sitio al Congreso en Quito con enfrentamientos que dejaron varios contusos y detenidos.
"Las tres confederaciones importantes del movimiento (aborigen) hemos convocado a una movilización nacional", anunció el miércoles el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Santi, advirtiendo que no tolerarán "que las leyes se hagan a espaldas del pueblo".
"Vamos a radicalizar la movilización", dijo a su vez el presidente de la Ecuarunari (que agrupa a los indígenas de la sierra andina), Delfín Tenesaca.
Los nativos intensificaron las protestas el martes cercando el Legislativo -dominado por el oficialismo- e impidiendo la salida de los congresistas que trataban en segundo y último debate la iniciativa del gobierno del socialista Rafael Correa.
El titular de la Asamblea, Fernando Cordero, levantó en la noche la sesión desatándose un choque entre los manifestantes -unos 3.000, muchos de ellos armados con palos- y la Policía, que logró desalojarlos empleando gas lacrimógeno.
Varias personas resultaron lesionadas, según ambas partes, que se culparon mutuamente por el inicio de las agresiones.
Cordero anunció que la sesión continuará este jueves, ante lo cual los indígenas se declararon en "vigilia hasta que los nudos críticos sean resueltos", según Tenesaca. "Mañana (jueves) vamos a estar aquí", dijo.
Pero "no puede haber secuestros y peor secuestrados", advirtió por su parte Cordero.
El vicepresidente de la Ecuarunari, Luis Contento, insistió en que las comunidades se mantendrán en Quito "hasta las últimas consecuencias" y que si no hay un giro en la ley "se van a radicalizar las medidas" a nivel nacional.
"Si eso tiene que llevar a mayores, no podemos hacer nada", alertó.
El presidente de la Conaie confirmó que las protestas también dejaron cinco detenidos en la provincia andina de Azuay (sur) y anotó que el reclamo es "para todos los ecuatorianos".
Los aborígenes, que se consideran 35% de la población de 14,2 millones, exigen la creación de una autoridad colegiada para normar el uso del agua, un "mínimo vital gratis" y un fondo para conservar los páramos.
También la "desprivatización" del agua, cuyo uso será priorizado para las hidroeléctricas y la explotación minera, según la dirigencia, que sostiene que el recurso ya está en manos privadas como embotelladoras y administradoras del servicio potable.
Jaime Abril, presidente de la comisión de soberanía alimentaria, que redactó el proyecto, dijo el miércoles que el Legislativo está presto a "flexibilizar" la iniciativa", pero no aceptará "propuestas inconstitucionales".
Asimismo, subrayó que la Carta Magna establece que "la rectoría de un bien estratégico como el agua y sus políticas recaen en el presidente y no puede estar en manos de una organización por más respetable que sea".
El movimiento indígena, que participó en el derrocamiento de dos presidentes --Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000--, llamó en febrero pasado a una rebelión en rechazo al proyecto hídrico y la explotación minera a cielo abierto y de crudo en sus territorios.
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