El ex ministro de Economía de la dictadura fue detenido ayer a la tarde por orden del juez Norberto Oyarbide y trasladado en una ambulancia al sanatorio De Los Arcos. La medida de prisión preventiva junto con un embargo de $ 2.000.000 es por la causa del secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel, en 1976.
Efectivos de INTERPOL llegaron al edificio Kavanagh, del porteño barrio de Retiro donde vive Martínez de Hoz, junto a un equipo médico que constató su estado de salud.
Según fuentes policiales, el ex ministro de la dictadura se encontraba
"postrado" por lo que se decidió su traslado a una clínica.
Después
de varias horas, dos móviles de INTERPOL ingresaron al garaje del
Kavanagh, ubicado en un pasaje que se encuentra a la vuelta del edificio
y posteriormente lo hizo una ambulancia de una empresa de salud
privada.
El ex ministro salió de su domicilio en una camilla y
trasladado a la ambulancia que partió del lugar escoltada por los dos
móviles de INTERPOL y un patrullero de la Policía Federal.
Fuentes
policiales señalaron que se lo iba a trasladar a la división Delitos
Especiales de la Policía Federal y luego a una clínica.
Finalmente,
Martínez de Hoz fue llevado al sanatorio De Los Arcos, ubicada en Juan
B. Justo 909 de esta Capital. Oyarbide dispuso la prisión preventiva y
ordenó la detención del ex ministro -que encomendó a efectivos de
INTERPOL- luego que, hace una semana, la Corte Suprema de la Nación
declarara la inconstitucionalidad del indulto que el ex presidente
Carlos Menem le concediera al funcionario del último gobierno de facto.
"Cuando
la causa vuelva a primera instancia Martínez de Hoz podría quedar
detenido", había anticipado en aquélla oportunidad un allegado a la
Corte.
La causa penal, que había comenzado contra Jorge Videla y
el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, incluyó más tarde a
Martínez de Hoz, pero en 1989 y 1990 Menem los indultó mediante el
dictado de los decretos 1002/89, 2741/90 y 2745/90 del Poder Ejecutivo
Nacional.
El proceso quedó paralizado hasta la presentación del
20 de junio de 2006 por la que la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre
le dieron impulso al expediente.
Las entidades pidieron la
declaración de inconstitucionalidad de los decretos 1002/89 y 2745/90,
que beneficiaron a Harguindeguy y Martínez de Hoz y, luego, el
Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación,
Eduardo Luis Duhalde, solicitó lo mismo con relación al decreto 2741/90,
que favoreció a Videla.
La Corte afirmó que, tras la reforma de
la ley fundamental en 1994, los tratados internacionales de derechos
humanos tienen jerarquía constitucional y se ha querido que la
jurisprudencia internacional en la materia sirva de guía interpretativa
para los jueces.
Federico Gutheim, titular de la sociedad
SADECO, dedicado a la exportación de fibra de algodón, y su hijo Miguel
Ernesto fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976, para obligarlos a
realizar operaciones comerciales con una empresa en Hong Kong,
favorecida por el entonces ministro de Economía.
En marzo de
1987, cuando fue citado a declarar por el hecho, Martínez de Hoz negó
tener conocimiento de las negociaciones con empresarios de Hong Kong y
dijo que él no firmaba los decretos que ponían a los detenidos a
disposición de quienes ejercían el gobierno.
Martínez de Hoz
afirmó que nunca le informaron los motivos de la detención de los
Gutheim pero que la creyó inconveniente para concretar las operaciones
de exportación, a la vez que descartó el interés del Estado Nacional en
el resultado de la negociación.
El ex ministro manifestó
entonces no recordar si los Gutheim fueron llevados a reuniones, pero
sostuvo que instruyó a sus colaboradores para que "no se trasluciese
ninguna presión del Estado Argentino" y que las tratativas "aseguraran
la libertad de negociación y decisión" de los empresarios.
Oyarbide
evaluó que "el verdadero motivo" de las detenciones de los Gutheim, que
cesaron en abril de 1977, "tienen su razón en el supuesto
incumplimiento por parte de SADECO de la entrega de aproximadamente
4.760 toneladas de fibra de algodón, con destino de importadores con
asiento de sus negocios en la Ciudad de Hong Kong".
El juez,
para quien, en coincidencia con la Corte, el delito investigado es de
"lesa humanidad", hubo un "irrazonable empleo del poder coercitivo del
Estado Nacional" y "la más absoluta desatención -plenamente conciente y
determinada- a las esenciales garantías ciudadanas", con "el
avasallamiento de todo principio constitucional".
El magistrado
se preguntó de que manera podían negociar quienes se hallaban privados
de su libertad y en momentos en que en el país había desaparecidos.
Para
disponer la "inmediata detención" y prisión preventiva de "cumplimiento
efectivo" de Martínez de Hoz, el juez consideró que la libertad durante
el proceso del ex funcionario de la dictadura "habrá de entorpecer la
investigación" o que el ministro "intentará sustraerse al accionar de la
Justicia".
El magistrado agregó que "no parece desatinado
señalar que, quien es hallado responsable de la perpetración de
gravísimos hechos contra la libertad" de los Gutheim, "tampoco habrá de
respetar otros valores, tales como la Justicia o la sujeción a un
proceso".
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