El vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, opuso reparos a una eventual eliminación de la Ley de Caducidad, en sintonía con algunos sectores del Frente Amplio y en momentos en que la coalición de izquierda gobernante busca armonizar criterios en torno de la norma que amnistió a los represores de la dictadura, entre 1973 y 1985.
Paralelamente el canciller, Luis Almagro, admitió ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado una "incongruencia" a su juicio entre la vigencia de esa ley y los tratados de derechos humanos que Montevideo ha ratificado a nivel internacional.
"Me pesan muchísimo los dos pronunciamientos
populares"
porque "esa es la voluntad del soberano. Y nosotros acá en el
Parlamento representamos al soberano", dijo en tanto Astori en
alusión a los referendos de 1989 y de octubre del año pasado que
avalaron la continuidad de la norma.
Sectores de la coalición de
izquierda comenzaron a
pronunciarse en contra de promover una norma que elimine la ley
pese a que la Mesa Política del Frente creó el lunes una
comisión para redactar un proyecto de anulación de la también
llamada ley de "impunidad", que rige desde 1986.
Referentes del Movimiento de Participación Popular, que lideró hasta su candidatura el actual presidente, José Mujica, Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista, y del Partido Socialista se manifestaron así contrarios a desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en octubre.
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