08/04/2010 - En General

Ley de Caducidad uruguaya "con los días contados"

La ley de Caducidad, que amnistió a la mayoría de los represores de la dictadura uruguaya (1973-1985), generó una "cultura de la impunidad" pero tiene "los días contados", aseguró a ANSA Oscar López Goldaracena, abogado de derechos humanos, autor de uno de los tres proyectos en danza en estos días para intentar su eliminación.

Promulgada en 1986, durante el primer gobierno democrático post dictadura de Julio María Sanguinetti, el debate sobre la razón ética y jurídica de la llamada ley de "impunidad" nunca perdió actualidad, pese a que fue avalada en sendos referendos, el último en octubre del año pasado, en simultáneo con las elecciones presidenciales que consagraron a José Mujica.

A menos de dos meses del segundo gobierno de la izquierda, los autores de tres proyectos que buscan extinguirla procuran unificarlos bajo la órbita de la alianza gubernamental Frente Amplio que, a su vez, intentará la semana próxima consensuar una posición sobre la norma, cuya vigencia es una deuda pendiente para muchos de sus dirigentes y militantes.

El movimiento de derechos humanos "entiende que el proyecto tiene que ser de anulación. En esta primera etapa nos pusimos de acuerdo en los efectos que tiene que tener el proyecto, que es borrar la ley sin dejar rastros", explicó a ANSA Goldaracena.

Con Luis Puig y el diputado Felipe Michelini, Goldaracena es uno de los redactores de los proyectos que buscan plasmar en uno tras el cual se encolumne el Frente Amplio.

La idea es obtener "un posicionamiento político claro de todas las fuerzas del Frente Amplio y luego eventualmente ampliarlo a los otros partidos", para "sacar de nuestro ordenamiento jurídico una ley tan oprobiosa como ésta", dijo a ANSA la senadora socialista Mónica Xavier.
    "Ya es momento de que Uruguay pueda sacudirse esa espada de damocles que a nivel internacional pende sobre su cabeza", porque "los compromisos posteriores hacen que quede cada vez más incongruente una norma de esta naturaleza en el ordenamiento jurídico", añadió Xavier.

La norma dio impunidad a policías y militares acusados de violar los derechos humanos hasta 2005, cuando el primer gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez comenzó a aplicar un artículo que excluía de su órbita los casos de desapariciones forzadas o robos de niños.

Según organizaciones de derechos humanos, son unos 200 los uruguayos desaparecidos, la mayoría en episodios ocurridos en Argentina en virtud del Plan Cóndor, el esquema represivo que coordinaron las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

Además de estos tres borradores, otros proyectos avanzan en igual dirección, como el del diputado José Cardoso, del Partido Nacional, oposición conservadora, que impulsa su "derogación", término que genera disensos.