El gobierno de Chile trabaja para responder al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluyó que la justicia de la nación latinoamericana discriminó a la jueza Karen Atala en abril 2004, al quitarle la custodia de sus hijas por ser lesbiana y vivir con otra mujer.
La entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estimó que la Corte Suprema de Chile no actuó con imparcialidad ni garantizó el acceso a la justicia de la magistrada, al rechazar que viviera con sus hijas junto a su pareja, la historiadora Emma de Ramón.
El organismo dictaminó que el Estado deberá resarcir el daño provocado, y ante esto el gobierno de Sebastián Piñera convocó a una mesa de trabajo que analizará el informe junto al ministerio de Relaciones Exteriores, para tomar las medidas necesarias contra la discriminación.
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