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DDHH-ESPAÑA: Juez Garzón al borde de la hoguera

MADRID, abr (IPS) - El reconocido juez español Baltasar Garzón está a la espera de que se resuelvan tres demandas judiciales en su contra, que podrían apartarlo de su cargo. En todas se lo acusa de prevaricación, que es dictar a sabiendas una resolución injusta.

Por Tito Drago

La querella más sonada fue interpuesta luego de que el juez de la Audiencia Nacional se declarara competente para investigar crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939), desconociendo la ley de octubre de 1977 que los amnistió al igual que a los perpetrados por la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y en los dos años de transición hacia la democracia.

Atendiendo a una demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el magistrado ordenó la apertura de 19 fosas comunes en distintas zonas del país, entre ellas una en la que está enterrado el poeta Federico García Lorca, fusilado por los franquistas el 19 de agosto de 1936 en su Granada natal.

Detrás de esta acusación contra Garzón están el ultraderechista Manos Limpias, autollamado sindicato pero de dudosa representatividad y no registrado como tal, y la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS.

El 26 de marzo, la Sala Penal del Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación interpuesto por el magistrado contra la negativa del instructor Luciano Varela de archivar este procedimiento.

Luego se determinó que el instructor encargado de redactar la sentencia contra Garzón por esta causa será el magistrado Adolfo Prego, patrono de honor de la ultraderechista Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes).

Garzón también fue acusado por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea de recibir dinero por disposición de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y luego haber archivado una querella en su contra.

Esto ocurrió en 2005 cuando participó en unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York financiados por el banco.

A pesar de que está probado que Garzón no se quedó con el dinero, todavía está pendiente la resolución judicial al respecto. El juez fue llamado a declarar el 15 de este mes.

La tercera demanda es por las escuchas secretas que ordenó en el llamado "Caso Gürtel", referido a una red de corrupción que implica a varios altos cargos del centroderechista Partido Popular (PP), la principal fuerza de oposición.

El rechazo al procesamiento de Garzón por investigar los crímenes de la guerra civil es muy fuerte: desde el jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien destacó la lucha del juez contra el terrorismo, hasta dirigentes sindicales, de organizaciones civiles y colegas suyos.

Las dos centrales sindicales mayoritarias, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), emitieron un comunicado manifestando "públicamente su solidaridad en estas horas con el juez Garzón".

Todas las protestas se basan en que el Tribunal Supremo no respondió a ninguna de las peticiones hechas por Gonzalo Martínez-Fresneda, el abogado de Garzón, por ejemplo que se precisaran las acusaciones de prevaricación y vulneración de la intimidad.

Consultado por IPS, Garzón afirmó que la investigación de los crímenes durante la guerra civil debe realizarse pues no hay pruebas ni constancias de que decenas de miles de desaparecidos en esa época fueran puestos en libertad y que los crímenes no hayan prescripto.

El jurista aseguró que seguirá defendiendo la regularidad de sus actuaciones y su inocencia, que "es absoluta", asumiendo la difícil situación, aunque no sea de su agrado. Está dispuesto a defenderse, convencido de que ha cumplido con su obligación.

Ante la pregunta de si dictó alguna medida sabiendo que era injusta respondió categóricamente: "Como cualquier ser humano, puedo equivocarme, pero tenga la certeza de que nunca emitiría una sentencia o una orden sabiendo que es injusta. Eso sería ir claramente contra la ley".

Martínez-Fresneda, al reclamar que se deje sin efecto el auto de procesamiento de su defendido, pidió también que se tome declaración a personalidades jurídicas y expertos internacionales que hayan intervenido en procesos por crímenes contra la humanidad.

Entre otros propuso que se escuche a Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, al juez chileno Juan Guzmán Tapia, quien procesó al fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), y al miembro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Zaffaroni.

Ese alto tribual argentino declaró nulas e inconstitucionales las leyes de Punto Final de 1986 y de Obediencia Debida de 1987, que impedían juzgar a represores de la última dictadura que azotó a Argentina de 1976 a 1983 y que provocaron miles de muertos, torturados y desaparecidos.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) también se pronunció contra el juzgamiento.

"Los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto", dijo la consejera jurídica principal para Europa de la CIJ, Róisin Pillay.

El llamado "juez estrella" se hizo conocido por procesar o hacer procesar a peligrosos delincuentes, como dos ex policías españoles condenados por intento de asesinato y secuestro de Segundo Marey, un ciudadano hispano-francés a quien confundieron con un integrante de la organización armada vasca ETA.

Pero el caso de mayor relieve internacional fue el que involucró a Pinochet (1915-2006), a quien ordenó detener por delitos de lesa humanidad el 16 de octubre de 1998 cuando se encontraba en Londres.

Después de más de 500 días detenido en la capital británica, Pinochet fue devuelto a Chile, donde nunca pudo ser condenado por los delitos de lesa humanidad y malversación de fondos fiscales que se le imputaban.

En el curso de este mes se sabrá si el Tribunal Supremo condena a Garzón por alguna de las querellas. Si así fuese, será apartado de su cargo e incluso dejará de percibir su sueldo, hasta que se pronuncie algún tribunal internacional, a donde el magistrado anticipó recurrirá.