El presidente boliviano, Evo Morales, promulgará hoy, miércoles, una ley de lucha contra la corrupción y la investigación de fortunas ilícitas, que la oposición califica "draconiana", porque declara imprescriptibles los delitos económicos y propone juzgar en rebeldía a los responsables.
El proyecto fue aprobado el lunes por el Senado, al igual que en Diputados hace 15 días, mientras la oposición sostuvo que la norma tiene "intencionalidad política".
Los 26 senadores oficialistas votaron a favor
y los 9
opositores en contra del proyecto que aprobó a mediados de marzo
la Cámara de Diputados. El oficialismo cuenta con mayoría en
ambas cuerpos.
La ley declara imprescriptibles los delitos
económicos contra
el estado, implanta la retroactividad, permite juzgar en
rebeldía a los imputados, la confiscación de bienes cuando el
juez lo decida y protege la identidad del denunciante.
En ambas
cámaras la oposición pugnó infructuosamente para
cambiar al menos 5 de los 39 artículos del proyecto, con el
argumento de evitar que se contraponga a normas
constitucionales.
Según la ley, los delitos cometidos por
funcionarios públicos
que atenten contra el patrimonio del estado y causen "grave daño
económico" serán imprescriptibles y no admitirán inmunidad.
Hasta
ahora, el presidente de la República, los ministros y
los prefectos (gobernadores) sólo pueden ir a juicio de
responsabilidades con aprobación de la Asamblea Legislativa.
La
nueva norma crea ocho nuevos tipos de delitos penales,
entre ellos el de enriquecimiento ilícito, y dispone que no se
permitirá que los delitos cometidos prescriban.
La ley introduce
modificaciones al código penal y dispone que
los casos de corrupción sean conocidos por jueces y tribunales
especiales.
El juez de la causa podrá ordenar el embargo de
bienes desde
el inicio de las investigaciones en caso de delitos de
corrupción, con lo que deja de lado la norma constitucional de
presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario.
Según la nueva ley, cuando se declare la "rebeldía" de un imputado, el juicio continuará en su ausencia, para lo cual el estado designará un defensor de oficio.
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