La verdad en torno de miles de niños "perdidos" durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) será difícil de esclarecer, aseguró el historiador Ricard Vinyes, autor de un libro que usó el juez español Baltasar Garzón para documentar la causa sobre uno de los capítulos más oscuros del régimen.
En noviembre de 2008, Garzón se inhibió de la causa sobre desapariciones durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura franquista, aunque insistió en "delitos permanentes", como "el caso de víctimas que pueden estar vivas", por los niños que en la década del 40 fueron arrebatados a sus padres.
En una entrevista con ANSA, Vinyes se mostró
escéptico sobre la posibilidad de que se conozca la verdad sobre los
hijos de presas que en la dictadura de Franco fueron sustraídos de
cárceles para que ingresen a centros del estado o la Iglesia Católica, y
educados en la afección al régimen.
"Si por 'verdad' entendemos
conocer los verdaderos nombres de los muchachos a quienes se los
cambiaron, saber de niños y niñas que fueron deportados desde las
cárceles a centros de Iglesia y del estado, o cuántos fueron
irregularmente adoptados, la respuesta es no", dijo Vinyes a ANSA.
Ello se debe al "tiempo transcurrido, al desconocimiento de los
interesados y a las dificultades materiales y legales que presentan los
archivos", afirmó el profesor de historia de la Universidad de Barcelona
y autor de "Irredentas".
Ese obra, publicada en 2002, analiza el "universo carcelario" de las
mujeres durante la dictadura franquista y relata cómo en ese período se
impulsaron políticas de separación de hijos de sus madres con una
legislación específica y sobre la base de las tesis del psiquiatra
militar Antonio Vallejo Nágera.
Vallejo Nágera planteó que había una "raza", la hispanidad,
representante de religiosidad y patriotismo, y "amenazada" por el
"ambiente" republicano, portador de "perversidad".
Ese discurso lo "argumentó" con indagaciones realizadas en 1939 con
presas de la cárcel de Málaga, en las que señaló que "las mujeres
republicanas tenían una tendencia a la perversidad", explicó Vinyes a
ANSA.
"De ahí que lo preciso para mejorar la 'raza española' era
separar a los hijos de sus madres", prosiguió Vinyes, es decir,
alejarlos de "entornos republicanos" y "reeducarlos" en los
valores del régimen.
Entre 1940 y 1941, el estado creó leyes para justificar las
"deportaciones sistemáticas y planificadas de niños desde las cárceles
hasta centros religiosos o del estado como la institución del Auxilio
Social", precisó el historiador.
"La cárcel era el eslabón más
débil de los perdedores de la guerra, y ahí es donde se concentran para
aplicar las tesis de Vallejo Nágera. Por lo que un buen día funcionarios
les quitaban
los hijos a las presas, los subían en un vagón de tren sin
decirles a dónde iban, y los distribuían", aseguró Vinyes.
Según
"Irredentas", en marzo de 1940 una orden del ministerio de Justicia
decía que las reclusas podían amamantar a sus hijos "y tenerlos en su
compañía hasta que cumplan los tres años", lo
que inició el desalojo de niños de cárceles.
En cuanto a los que
nacían en cautiverio, con sus madres condenadas a muerte, eran
confinados a centros del Auxilio Social o la Iglesia tras el asesinato
de sus progenitoras mediante fusilamiento.
En noviembre 1940 un
decreto avaló la "pérdida de tutela
legal de los padres" en beneficio de instituciones del estado,
mientras el 4 de diciembre de 1941 una ley facilitó el "cambio de
nombres".
Así, se "abrió un espacio que facilitó cambios de nombres de hijos de
encarcelados y fusilados", que pudo servir para "facilitar numerosas
adopciones irregulares", se interpreta en "Irredentas".
"Hay indicios aunque no certezas de que se produjeron adopciones
irregulares", destacó Vinyes a ANSA.
"Tenemos una base documental muy débil y jamás me dejaron entrar en
el archivo del tribunal tutelar de menores, con el argumento de la
protección del niño, aunque esos niños tienen hoy 70 años o más",
aseveró.
El historiador afirmó que los niños y niñas tutelados
por el estado en 1942 fueron 9.050, mientras en 1943 esa cifra ascendió a
12.042, según el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, institución
que administraba el mundo penitenciario.
En 1945, el Patronato de San Pablo, nuevo organismo creado por el
ministerio de Justicia, gestionó "entre 1944 y 1954" el ingreso de
30.960 niños y niñas tutelados por el Estado.
La obra "Irredentas", subrayó que esas personas que "engrosaron
Auxilio Social y otros centros públicos y religiosos 'son nuestros niños
perdidos'. Lo son en cuanto que 'pérdida' significa desaparición
forzada del derecho a ser formados por padres".
Y la pérdida de niños también significó, según "Irredentas", desaparición física "por un largo periodo de tiempo, o para siempre".
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