El Tribunal Oral en lo Criminal Federal dispuso ayer que el represor Antonio Bussi sea trasladado desde la clínica privada en la que estaba internado hasta la residencia particular de un familiar en la que cumplirá prisión domiciliaria. El juicio que se le sigue por violación de derechos humanos durante la dictadura seguirá el 30 de marzo.
Los miembros del tribunal, que encabeza Carlos Jiménez Montilla,
ordenaron el alta sanatorial del ex gobernador, que volverá a la
residencia ubicada en Yerba Buena, luego de recibir el informe del
perito de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Assial.
El
informe, que también contiene las observaciones de los peritos
ofrecidos por las partes que intervienen en el segundo juicio oral por
violaciones a los derechos humanos en Tucumán, concluyó que Bussi se
encuentra en condiciones estables de salud que permiten aconsejar que
abandone la clínica en la que se encontraba desde el martes de la semana
pasada.
El martes pasado, el segundo juicio oral por violaciones
a los derechos humanos había sido postergado, por segunda vez -en esa
ocasión, hasta el 30 de marzo, como consecuencia de los problemas
cardíacos que padece Bussi.
Los vocales del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal habían decidido suspender durante ocho días hábiles la
celebración de las audiencias tras escuchar el informe de Cristian
Rando, del Cuerpo de Médicos Forenses de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
En esa ocasión, los magistrados también habían
ordenado que Bussi fuera internado y que continuara en ese estado hasta
que un informe, como el que fue recibido hoy, corroborara que podía
regresar a la residencia en la que cumple detención domiciliaria.
El
martes pasado, Rando había concluido que, dadas las dolencias que
afectan a Bussi -entre ellas una infección urinaria-resultaba
conveniente que fuera internado, teniendo en cuenta la descompensación
que sufrió el 25 de febrero.
Anteriormente, el 2 de marzo, el
tribunal ya había ordenado la suspensión de las audiencias del segundo
juicio debido a los problemas de salud que presentaban Bussi y el ex
jefe de la Policía de la Provincia, Albino Mario Zimmermann, que
finalmente falleció dos días después.
En este segundo juicio
oral, que se encuentra en la fase de la declaración de los testigos
ofrecidos por las partes, se trata de esclarecer el destino corrido por
22 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex
Jefatura de Policía de la Provincia durante la última dictadura militar.
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