Los bloques de la UCR, de PRO, de la Coalición Cívica, del Partido Socialista y de Peronismo Federal propusieron ayer ampliar a 24 el número de miembros de la comisión bicameral encargada de controlar los decretos de necesidad y urgencia y plantearon establecer que un DNU tenga validez cuando haya sido aprobado previamente por ambas Cámaras.
Las propuestas fueron expuestas ayer durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la que se debatieron modificaciones a la ley 26.122 de régimen legal de los DNU y en la que el oficialismo estuvo presente pero no hizo uso de la palabra.
Consultado por Télam al término de la reunión, el diputado Luis Cigogna
(Frente para la Victoria) dijo que la ley vigente "es buena aunque
puede ser susceptible de cambios", sostuvo que ampliar el número de
integrantes de la comisión bicameral "es desproporcionado" y dijo que
"se equivoca" la oposición respecto a la interpretación de algunos
aspectos de la ley.
Entre las propuestas planteadas ante la
comisión, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) remarcó la necesidad de
establecer que cuando se dicte un decreto exista "una convocatoria
automática" para que el Parlamento se expida y que el decreto en
cuestión no entre en vigencia "hasta tanto no haya una convalidación
explícita por parte de ambas Cámaras" del Congreso.
El
diputado Ricardo Alfonsín (UCR) pidió que se asegure la manera de que
el Poder Ejecutivo explique "cuál es la necesidad y cuál es la
urgencia" cada vez que emita un decreto para que "no se incurra en
abusos" y coincidió en la necesidad de que la norma no tenga validez
hasta que "no sea aprobada por ambas Cámaras"
La diputada de la
Coalición Cívica, Patricia Bullrich, consideró que la comisión
bicameral "debe tener 12 diputados y 12 senadores" ya que "la realidad
política dejó atrás el bipartidismo y actualmente es más plural" y
ratificó que aún cuando se esté en receso el Congreso "debe ser
convocado inmediatamente" a sesionar una vez emitido un decreto.
El
diputado Adrián Pérez añadió que "el silencio del Congreso no puede ser
interpretado como de aprobación a un decreto" sino que debe implicar
"la caída del decreto en cuestión".
Gustavo Ferrari, de
Peronismo Federal, acordó con sus pares sobre las modificaciones
planteadas y agregó que la presidencia de la comisión bicameral "debe
estar en manos del controlador, es decir de la oposición" y subrayó la
importancia de que un decreto de necesidad y urgencia "pierda eficacia
jurídica sino no se amplía el trámite para la aprobación en el Congreso
en un plazo de 10 días".
El diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR)
recordó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue "una de
las impulsoras" de la actual ley de régimen de los DNU, pero cuestionó
el "abuso" que los últimos gobiernos ejercieron en la emisión de DNU.
Laura
Alonso, de PRO, propuso además la citación del jefe de gabinete de
ministros por parte del Congreso para "explicar razones cada vez que el
Poder Ejecutivo emita un DNU", y remarcó la necesidad de establecer en
la ley que si el Congreso no se expide sobre un DNU "esto implica un
rechazo y no una aprobación".
La diputada Vilma Ibarra (Nuevo
Encuentro) que no pertenecía a la comisión de Asuntos Constitucionales
pero fue invitada por ser autora de un proyecto de reforma de la ley de
DNU, consideró por su parte que una norma de esa naturaleza "debe tener
validez durante 60 días", plazo en el cual debe ser ratificada por el
Congreso.
"Si en ese lapso el Congreso no la aprueba, perderá
validez", aclaró, y sostuvo que es "necesario" que el decreto tenga ese
plazo de vigencia para que "surta efecto cuando un gobierno alega
necesidad y urgencia".
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