Una fiscal uruguaya pidió la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985) en procura de juzgar 24 homicidios ocurridos bajo el mando del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1976).
La fiscal Ana María Tellechea interpuso dos excepciones de inconstitucionalidad para los casos de cinco ex militantes tupamaros que fueron traslados en forma clandestina desde Buenos Aires a Uruguay y fusilados en la localidad de Soca, cercana a Montevideo, en 1974 y por la causa en la que se indagan 20 homicidios perpetrados entre 1973 y 1976.
Las excepciones de inconstitucionalidad
implican que la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse nuevamente
sobre la legalidad de la norma, informó hoy el diario La República.
El 19 de octubre de 2009 se declaró inconstitucional la Ley de
Caducidad para el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista
Nibia Sabalzagaray, en el cual la Justicia toma en estos días
declaraciones a militares retirados y en actividad.
Bordaberry,
en prisión desde noviembre de 2006, fue condenado el 10 febrero a 30
años de cárcel por los delitos de "atentado a la Constitución" y 10
homicidios "muy especialmente agravados".
Desde enero de 2007, el ex dictador cumple prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
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