El senador brasileño Pedro Simón elogió las investigaciones judiciales contra funcionarios públicos sospechados de irregularidades pero consideró necesario aplicar penas severas a las empresas corruptoras que actúan en el país hace décadas.
El gobierno envió un proyecto de ley que contempla pena de reclusión y multas a empresarios que sobornen a funcionarios o legisladores.
"Pediré que ese proyecto del Ejecutivo se apruebe con
urgencia, porque abre camino para que se combata con todo rigor
el principal eje de la corrupción, que son los corruptores",
dijo el senador Simón, del Partido Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), con las mayores bancadas en el Senado y
Diputados.
Simon explicó que a lo largo de su vida pública impulsó una
legislación que castigue a los corruptores, que suelen estar
ligados a "empresas constructoras y empresas que disputan
licitaciones públicas", según una nota enviada por la oficina de
prensa del legislador.
Esas empresas suelen usar "métodos cuestionables para ser parte de las licitaciones públicas y también para cometer fraudes a través de relaciones con los funcionarios", agregó.
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