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AMPLIARLa inflación también llegó a la construcción

Pymes de la construcción preocupadas por la inflacción

Desde la Asociación de Pymes Constructoras (APYMECO), entidad que nuclear a empresas del sector que operan en la provincia de Buenos Aires, sostienen que la suba de precios en insumos perjudica a todo el sector, pero en especial a las empresas contratistas de obra publica, ya que esos aumentos no se reconocen luego a la hora de pagar los contratos por parte del Estado.

 Ese ajuste por inflación -que en la jerga sectorial se llama “redeterminación de precios”- genera problemas que a veces resultan insalvables para las Pymes constructoras y, en algunos casos, las llevan irremediablemente a la quiebra.

Al respecto, el presidente de la entidad, Jorge Del Río, explicó que “ante la escalada de precios que se viene registrando en los distintos insumos necesarios para ejecutar una obra pública, vemos con gran preocupación el perjuicio económico que esto puede ocasionar al normal desarrollo de una pyme de la construcción. Sin entrar demasiado en aspectos legales, podemos decir que el Estado confecciona un Presupuesto Oficial de la obra que desea licitar; el mismo será la base para la competencia de precios de los distintos oferentes, subordinado al sistema de contratación respectivo. Luego seleccionará, en función de un estudio anterior, las condiciones de capacidad e idoneidad técnica y financiera, a la empresa que ofrezca la oferta más conveniente, ajustada a las bases del llamado. Cuando una oferta supera el 5%, 10% o 15% del Presupuesto Oficial, según las exigencias de la Repartición, la misma no es considerada. Se entiende que el precio es excesivo y, por lógica, al momento de efectuar una cotización, los oferentes no pueden cargar los precios suponiendo una posible inflación; en primer lugar, porque esta especulación los puede dejar fuera de competencia y, en segundo término, el Estado cuenta con Leyes y Decretos que contemplan los mecanismos para ajustar los precios de los mismos”.

Para el titular de Apymeco se parte de la base que las empresas no son formadoras de precios y, por tal motivo, la Ley de Obras Públicas 6.021 de la Provincia de Buenos Aires prevé el reconocimiento de la variación de precios para asegurar que el Estado paga el precio justo de los trabajos contratados. “La Ley no admite el enriquecimiento o empobrecimiento sin causa y, a través de un encuestamiento de precios, se emite una tabla de variaciones mensuales de los distintos insumos denominados VR (Valores de Referencia). Pero desde el año 2002, el Ministerio de Infraestructura encomendó a la Dirección Provincial de Estadísticas el seguimiento de precios de los distintos insumos, y el resultado ha sido negativo, las tablas no se publican en los plazos previstos, con atrasos de más de tres meses y los índices no reflejan el incremento real de los distintos insumos (materiales, mano de obra, combustibles) pese a todos los reclamos efectuados por las empresas”, sostuvo.

“La confección de las tablas para la redeterminación de precios no debe tomarse como datos estadísticos; es dinero que dejan de percibir las empresas o que puede llegar a pagar de más el Estado, lo que implica no reconocer el precio justo de las obras, con el lógico perjuicio económico. Esta situación ha producido un defasaje en el reconocimiento de los contratos en un marco en donde los insumos, en estos últimos años, han sufrido aumentos que no son de la proporción y la proyección que las firmas líderes tienen programadas para el año en  curso. En este contexto y ante un proceso inflacionario inocultable, más allá de lo que digan o dejen de decir los índices oficiales, es imposible programar el desarrollo de una obra con plazos de seis o más meses y mantener, con estos defasajes, equilibradamente la ecuación económico-financiera. Si a esto le sumamos el atraso de más de cinco meses en el pago de los certificados, las perspectivas no son para nada halagüeñas, sino todo lo contrario”, concluyó Del Río.