El fiscal federal Gustavo Gigena denunció al juez catamarqueño Luis Rodríguez Saín por su negativa a integrar el tribunal que debe juzgar a ex represores de la última dictadura militar imputados en el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, informaron ayer organismos de Derechos Humanos.
El presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos, Antenor Ferreyra, indicó que la actitud de Rodríguez Saín "configura una denegación de justicia por parte del fuero federal en Santiago del Estero".
"El magistrado se negó a integrar el tribunal, pese a ser notificado e intimado para que asuma el cargo por la Cámara Nacional de Casación Penal y por el Consejo de la Magistratura", explicó.
Ferreyra, abogado del foro santiagueño, consideró que "no existe certeza que el juicio por el caso Kamenetzky pueda realizarse este año".
Se trata de la primera causa de lesa humanidad, elevada a juicio oral por el juez federal Guillermo Molinari, en el que se encuentran acusados los ex militares Jorge Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi; los ex comisarios santiagueños Musa Azar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro López, entre otros.
De acuerdo a la instrucción, Kamenetzky, estudiante de abogacía fue detenido el 9 de agosto de 1976, en su céntrica casa de avenida Roca al 1.100 y tras permanecer varios días en el Departamento Informaciones Policiales (D 2), fue alojado en el Penal de Varones de Santiago del Estero.
El 7 de noviembre del mismo año, el joven universitario fue asesinado en un cuestionado intento de fuga o copamiento a una dependencia policial, a la que había sido trasladado junto a otro estudiante, Mario Alejandro Giribaldi, que también figura en la lista de "desaparecidos".
Por el asesinato de Kamenetzky, los ex militares Videla, Bussi y Menéndez y los altos funcionarios policiales provinciales, fueron procesados por los presuntos delitos de "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas".
Asimismo, se encuentran pendientes de resolución otros procesos judiciales iniciados contra el ex jefe de Inteligencia santiagueño, Musa Azar y ex funcionarios policiales, que fueron procesados y embargados sus bienes por "torturas" aplicadas a opositores del ex gobernador Carlos Juárez, antes del golpe de 1976.
Dirigentes de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia, denunciaron que en Santiago del Estero "aún se esperan respuestas de la justicia por 144 desaparecidos y 33 querellas".
Por su parte, el juez federal Molinari, había ordenado el procesamiento de Musa Azar y el embargo de sus bienes por 1.700.000 pesos, en el marco de causas en las que se investigan el secuestro y tortura a 44 personas, en su mayoría opositores a los Juárez.
En el mismo dictamen, el magistrado procesó y trabó un embargo preventivo por el mismo monto al ex comisario Juan Felipe Bustamante; a José Gregorio "Pepe" Brao, procesado y embargado por 200.000 pesos.
En la causa caratulada "privación ilegítima de la libertad, torturas y asociación ilícita", también fueron procesados el ex comisario Ramiro del Valle López, con un embargo de 2.150.000 pesos y a los ex policías Roberto Salvatierra y Leopoldo Sánchez, con embargos de 100.000 pesos. (Télam)
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