La comunidad indígena ecuatoriana de la etnia Sarayaku, se opone a la presencia de la empresa argentina Compañía General de Combustible, en vista de la destrucción de bosques, fuentes de agua, cuevas, ríos subterráneos y sitios sagrados de la comunidad, causados por las detonaciones de explosivos para la exploración y explotación de petróleo.
El presidente de la comunidad de Sarayaku, Holger Cisneros, declaró ante los medios que temen por la cantidad de explosivos que han enterrado y que aún no han sido retirados.
Un
grupo de la etnia ecuatoriana kichwa de Sarayaku, pidió protección el
miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los
explosivos instalados en sus tierras por la empresa petrolera argentina
Compañía General de Combustible (CGC) para la exploracón y explotación.
El
presidente de la comunidad de Sarayaku, Holger Cisneros, declaró ante
los medios que temen por la cantidad de explosivos que han enterrado y
que aún no han sido retirados.
El
líder indígena aseguró que se sienten "amenazados porque no se han
retirado los explosivos" y esperó lograr ante la CIDH "buenos
resultados".
Cisneros
denunció que las autoridades ecuatorianas han retirado unos 14 kilos de
explosivos de los miles que están apostados en la región aborigen que
sus pobladores consideran sagrada y donde viven mil 500 personas
repartidas en cinco colonias.
En
1996, el Gobierno ecuatoriano suscribió un acuerdo con la firma
argentina CGC para exploración y explotación de petróleo, según el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo
que representa a los afectados.
El
pacto, que aún está vigente, contempla una extensión de 200 mil
hectáreas de terreno llamado Bloque 23, en la provincia de Pastaza cuyo
65 por ciento comprende la tierra ancestral de Sarayaku.
Los
pobladores se oponen a la presencia de esa empresa privada y han
actuado en aras de impedir el ingreso a su territorio que es usado por
los nativos para la caza, la pesca y actividades agrícolas.
La
CIDH adelantó que la petrolera argentina ha arrasado con bosques,
fuentes de agua, cuevas, ríos subterráneos y sitios sagrados de la
comunidad, con detonaciones de explosivos.
Adicional,
la presencia de los explosivos en ciertos puntos de importancia, han
imposibilitado la búsqueda de alimentos para los pobladores que han
visto mermar su capacidad en el suministro de sustento.
"En
consecuencia, se ha afectado el derecho al uso y goce de su territorio
ancestral al pueblo indígena de Sarayaku", señaló la CIDH.
El
organismo internacional se reunió el miércoles con una comisión de
indígenas y del Estado para recordar a Quito la urgencia en la
aplicación de medidas ya dictadas a través de una resolución.
En
2005, el tribunal interamericano emitió una resolución sobre las
medidas provisionales en la que ordenó a Ecuador proteger la vida y
garantizar la libre circulación de pobladores aborígenes y retirar los
explosivos enterrados en la región.
El caso se encuentra en la CIDH con sede en Washington, donde se estudia la posibilidad de elevarlo a juicio ante la Corte.
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