Grupos de estudiantes salieron este lunes a las calles de varias ciudades de Venezuela para protestar por la suspensión de las emisiones de Radio Caracas Televisión (RCTV), de línea editorial opositora y que desde 2007 transmite exclusivamente por el sistema de suscripciones.
Por Humberto Márquez, para IPC
"Libertad, libertad", y "el primer cierre fue locura, el segundo es
dictadura", gritaban los manifestantes al dirigirse hacia la sede
capitalina de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), que el 22 de enero ordenó a las empresas de televisión paga
suprimir la señal de RCTV en su parrilla de programación.
RCTV transmitió por señal abierta desde que se creó en 1953 y
fue por décadas la emisora más popular de Venezuela, pero su licencia
no le fue renovada en 2007, tras acusarle el presidente Hugo Chávez de
ser "un canal golpista". Tras ello, debió reconvertirse en una estación
por abonados.
Frente a la sede de Conatel se apostaron militantes del
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Antes de que se
encontrasen los dos grupos rivales, la policía intervino con disparos
al aire y bombas lacrimógenas contra la manifestación estudiantil, para
disolverla. Estudiantes universitarios y secundarios que bloquearon la
vía que une la capital con las ciudades-dormitorio hacia el este
también fueron dispersados con perdigones y gases, con un saldo de ocho
lesionados, según las autoridades de la privada Universidad Santa
María.
En la ciudad de Barcelona, 300 kilómetros al oeste de
Caracas, la policía dispersó una demostración con perdigones y gases
lacrimógenos. Reportes de otra media docena de capitales de provincia
daban cuenta de protestas similares pero sin incidentes.
En la víspera, jóvenes exhibieron carteles con el logotipo de
RCTV en el estadio de béisbol de la capital venezolana, en un partido
de la serie final entre los populares clubes Caracas y Magallanes, y
desplegaron una pancarta contra el presidente Chávez con una expresión
típica de un revés en la jerga de ese deporte: "tás ponchao".
Los sindicatos de la prensa y organizaciones no
gubernamentales que trabajan temas de comunicación se declararon en
emergencia ante lo que consideran, como el conjunto de la oposición
política venezolana, un "segundo cierre" de RCTV, aunque el gobierno
subraya que se ha limitado al cumplimiento de la ley sin exclusiones.
De las 188 televisoras que pueden ser vistas mediante
suscripción, 24 nacionales y 164 internacionales según Conatel, RCTV
era, de lejos, la de mayor audiencia y se presentaba como
internacional, pero las normas gubernamentales, dictadas el 22 de
diciembre, la declararon del tipo nacional.
Mientras los canales internacionales presentan contenidos o
publicidad con escasas restricciones, los nacionales están obligados a
transmitir las cadenas de radio y televisión, con las frecuentes y a
menudo prolongadas alocuciones del presidente Chávez, y a cumplir la
ley de responsabilidad social para los medios audiovisuales.
Esta norma restringe horarios para transmitir programas
dirigidos al público adulto, limita el tiempo de las telenovelas,
obliga a transmitir el himno nacional a horas fijas así como mensajes
institucionales que envíe el gobierno, y a enunciar el tipo de programa
y los contenidos (A, B, C o D) de sexo o violencia que contienen, antes
de cada emisión.
Además, según las normas de Conatel, en la televisión por
suscripción un canal nacional puede transmitir publicidad sólo al
concluir completamente cada programa.
"Eso nos dejaría sin posibilidades de financiamiento para
funcionar, porque ningún anunciante nos preferiría frente a los canales
de señal abierta", dijo el presidente de RCTV, Marcel Granier.
Puso como ejemplo la transmisión de un partido de béisbol,
que suele durar varias horas y se divide en nueve innings (entradas).
"¿Quién va a anunciar con nosotros sólo al final del juego si con la
competencia puede anunciar al término de cada entrada e incluso durante
las pausas que se producen dentro de un mismo inning?"
En opinión de Granier, las normas de Conatel "fueron
redactadas con nombre y apellido, contra RCTV, y para favorecer a quien
ocupó los espacios que debimos dejar desde 2007", en alusión a
Venevisión, la otra tradicional empresa de televisión privada.
Venevisión es propiedad del magnate Gustavo Cisneros,
acérrimo opositor a Chávez hasta 2002. Luego, una reunión con el
mandatario y el ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981)
se tradujo en un "pacto de no agresión" y la televisora de su propiedad
asumió una línea editorial políticamente equidistante.
RCTV solicitó un amparo al Tribunal Supremo de Justicia, al
que presentó lo que considera evidencias de su carácter de televisora
de tipo internacional, así como el reclamo porque se le apliquen con
retroactividad las normas de Conatel.
El ente estatal dictó sus normas el 22 de diciembre, pero
evaluó un período previo de varios meses para determinar si un canal
calificaba como nacional o internacional.
Diosdado Cabello, ministro de Vivienda, presidente de Conatel
y uno de los más cercanos colaboradores de Chávez, destacó en varias
intervenciones que "el gobierno no ha cerrado ningún canal, simplemente
cumplimos la ley y si una televisora nacional rehúsa acatar la ley debe
salir de la parrilla de las operadoras de TV por cable".
"No podemos hacer una excepción con los señoritos que no
quieran cumplir la ley", insistió Cabello, y ofreció a los canales
fuera de las "parrillas", como RCTV, recuperar su presencia si firman
un caución a modo de compromiso público y se someten a un examen
durante cuatro meses.
En una breve mención al tema durante su maratónico programa
dominical "Aló Presidente", Chávez dijo que "canal que no vaya (a
Conatel) no podrá volver al aire".
Entre otras televisoras suspendidas por órdenes de Conatel
está TV Chile, aunque no se han divulgado los incumplimientos en que
habría incurrido.
Parlamentarios chilenos protestaron. El representante
oficialista Jorge Tarud deploró la medida como "atentado a la libertad
de expresión y de prensa" y el opositor Víctor Pérez dijo que la
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, debería llamar a consultas a su
embajador en Caracas, Claudio Herrera.
Organizaciones venezolanas como el Colegio Nacional de
Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
crearon con grupos no gubernamentales del área de comunicaciones una
alianza en defensa de la libertad de expresión, que consideran
amenazada.
"No es posible que los venezolanos no podamos elegir cuál
canal de televisión ver, cuál radio escuchar, cuál periódico leer, sino
que eso lo decida una sola voluntad, la del presidente de la República.
Se pretende instaurar la voz del amo", dijo a IPS el presidente del
Colegio de Periodistas, William Echeverría.
Oscar Lucien, profesor de postgrado en Comunicación Social y
responsable de la no gubernamental Ciudadanía Activa, señaló a IPS que,
"a pesar de los laberintos legales, la lectura es política, no sólo por
la línea opositora de RCTV, sino porque el gobierno no logra captar
sintonía con las decenas de medios que tiene a su disposición".
"En el futuro veremos más acciones de este tipo, de
restricción de los espacios para la expresión disidente, porque el
gobierno ha confesado su intención de alcanzar una hegemonía
comunicacional", a menos que la sociedad se lo impida", dijo Lucien.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deploró la
salida del aire de algunas estaciones de televisión porque "se
profundiza el deterioro del derecho a la libertad de expresión en
Venezuela".
El embajador venezolano ante la Organización de los Estados
Americanos, Roy Chaderton, criticó "la premura de la Comisión cuando se
trata de difamar al gobierno de Venezuela y complacer a la derecha
interamericana".
También este lunes Francia expresó su preocupación por la
medida que sacó del aire a RCTV. "Esperamos enérgicamente que las
autoridades venezolanas den marcha atrás rápidamente a su decisión"
indicó el portavoz de la cancillería francesa, Bernard Valero.
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