La fosa tiene al menos 2.000 cadáveres de personas que fueron enterradas desde 2005.
Pobladores y autoridades del municipio colombiano de La Macarena denunciaron la existencia de una fosa común con cerca de 2.000 cadáveres humanos no identificados que fueron sepultados desde 2005 en el cementerio local por tropas del Ejército, que aseguran haberlos abatido en combate.
El descubrimiento en La Macarena, 200 kilómetros al sur de Bogotá, en el departamento de Meta, salió a la luz por primera vez a principios de diciembre último, pero hoy el diario El NuevoHerald, de Miami, publicó una investigación sobre esta fosa común.
La región del Meta es una de las más calientes del conflicto armado colombiano, y La Macarena, cuando se oficialice el hallazgo, sería el mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente, lo que se espera ocurra en marzo, cuando llegue al lugar una misión forense internacional.
El director de la Unidad de Exhumaciones de La Fiscalía en la ciudad oriental de Villavicencio, Norberto Suárez, aseguró que en caso de confirmarse que la fosa común contiene 2.000 cuerpos, sería "el hallazgo de cadáveres más grande en la historia de Colombia” en un mismo sitio.
Un vocero de la Fiscalía General en Bogotá reveló al matutino estadounidense que una misión del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de ese organismo ya estuvo en el cementerio y determinó la existencia de "un gran número” de cadáveres en la fosa pero solamente hizo unas pocas inhumaciones.
"Nos convertimos en el sitio de la disposición de los muertos de la guerra”, declaró Eliécer Vargas Moreno, alcalde del municipio a cuyo territorio pertenece la mayor parte del parque natural de La Macarena, una de las reservas biológicas más valiosas de Colombia.
El Nuevo Herald recabó información entre algunos de los 25.000 habitantes de La Macarena, quienes tras pedir reserva de sus identidades expresaron sus sospechas de que en esa fosa común haya parientes suyos que desaparecieron durante los últimos cuatro años.
Según el matutino, los pobladores negaron que se tratara de guerrilleros y pidieron laoportunidad de demostrarlo.
Carolina Hoyos Villamil, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la región oriental del Bajo Ariari, pidió a la Procuraduría General de la Nación emprender una investigación propia sobre la fosa de La Macarena.
Hoyos Villamil señaló en una carta dirigida a la Procuraduría que temen que "posiblemente en este cementerio se encuentren las personas que en nuestra base de datos se registran como desaparecidos”.
La organización de Hoyos Villamil propugna, entre otros casos de violaciones de derechos humanos, esclarecer el paradero de 63 civiles de la región de La Macarena desaparecidos por la fuerza a manos de grupos armados no identificados.
La Procuraduría, según informó el matutino, envió una misión investigadora, pero aún no se conocen los resultados de su trabajo. El Diario Público, de España, también tomó declaraciones del jurista Julio Ramírez, secretario del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, quien semanas atrás acompañó hasta el lugar a una delegación de parlamentarios ingleses.
"Lo que vimos fue escalofriante: había infinidad de cuerpos y en la superficie, cientos deplacas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy ", precisó Ramírez.
El exceso de cuerpos humanos enterrados recientemente en La Macarena está contaminando las aguas de las que se sirve la población, de acuerdo con denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo.
La Macarena pertenece al área general de operaciones de la Fuerza de Tarea Omega que persigue a Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El general Javier Flórez, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, adscripta a la Fuerza de Tareas Conjunta Omega, sostiene que el Ejército no hace "ningún levantamiento" de cadáveres sino que esa tarea en el campo de batalla corresponde a la división de Policía Judicial (Dijin) de la Policía Nacional, lo que "luego es avalado por la Fiscalía General de la Nación”.
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