El presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, cedió a un pedido de los jefes de las tres fuerzas armadas y modificó parte del texto de un proyecto de creación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar (1964-1985).
"Yo estoy satisfecho. De mi parte la cuestión está resuelta", afirmó el ministro de Defensa, Nelson Jobim, quien objetó parte del Programa de Derechos Humanos del gobierno lanzado en diciembre.
Los jefes del Ejército, Marina y Fuerza Aerea habían
amenazado con renunciar si no se incluían en las investigaciones
a las organizaciones armadas que resistieron al régimen de facto
que accedió al poder mediante un golpe militar en 1964.
Lula logró un acuerdo entre Jobim y el ministro de Derechos
Humanos, Paulo Vanucchi, que se enfrentaron por algunos términos
de los considerandos para la creación de la Comisión de la
Verdad. El presidente preparó un nuevo decreto que mantiene a la
comisión, pero altera su semántica.
La dictadura brasileña nunca fue juzgada por violaciones a
los derechos humanos debido al amparo de la Ley de Amnistía de
1979 dictada por los propios militares, norma cuya vigencia debe
decidir el Supremo Tribunal Federal.
Ante la presión de los militares, el ministro Vannuchi había
amenazado con renunciar en caso de que se diera marcha atrás con
el Programa de Derechos Humanos que él había lanzado y que fue
publicado en el Diario Oficial.
La oficina de prensa del gobierno informó que el presidente
Lula resolvió crear un decreto que envía el anteproyecto de ley
para la creación de una Comisión de la Verdad, retirando la
frase "represión", como habían exigido los militares, pero
manteniendo el concepto de "violación a los derechos humanos".
La tercera edición del Programa Nacional de Derechos humanos
establece las directrices que cada ministerio debe convertir en
proyecto de ley para enviar al Congreso. Según el Palacio del
Planalto, el Programa de Derechos Humanos continúa valiendo y el
presidente publicará un decreto con las alteraciones.
La Confederación Nacional de Obispos de Brasil protestó por la inclusión de una orientación para revisar la penalización del aborto y abrir las puertas a la unión civil entre homosexuales.
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