Enviar Nota | Imprimir

Deniegan la excarcelación al detenido por interferencias al vuelo presidencial

El juez federal Ariel Lijo denegará el pedido formulado por la defensa de Néstor González, el radioaficionado encarcelado por las interferencias con mensajes amenazantes registradas en el helicóptero donde viajaba Cristina Fernández de Kirchner.

El magistrado se negó así a conceder un pedido de la defensa de Néstor González hasta tener los resultados de pericias ordenadas en la causa, entre ellas una de voz realizada hoy y que debe ser comparada con las grabaciones registradas el día de la interferencia, informaron a Télam fuentes judiciales.

"Todavía no queda claro qué hacía", explicaron las fuentes sobre la resolución donde se advirtió que "por ahora" se le negará la libertad. En una de las pericias realizadas, al examinarse equipos secuestrados en su casa, se detectó que "escuchaba bandas restringidas, entre ellas la "presidencial".

En las próximas horas González sería trasladado al penal de Marcos Paz mientras que por la mañana y tras pasar la noche en la comisaría 28, se lo sometió a la pericia de voz en la división de Scopometría de la Policía Federal.

Allí tuvo que grabar las mismas frases detectadas en las interferencias, cinco en total, a la banda del helicóptero presidencial, a bordo del cual la Presidenta se trasladaba desde la quinta de Olivos a la Casa de Gobierno.

El martes último, González quedó detenido durante un procedimiento hecho en su casa de la localidad bonaerense de Monte Grande, donde se secuestraron equipos para interferir comunicaciones y "otras pruebas que lo vinculan” al episodio sucedido el 11 de diciembre último.

Ayer, González aseguró ser "técnico en computación” y atribuyó a su trabajo la existencia en su domicilio de tantos equipos informáticos. En un legajo de antecedentes en poder del juzgado figura que además sería "técnico mecánico en aviación civil” y por el momento no surgirían vínculos con fuerzas de seguridad ni antecedentes penales.

La figura que se le reprocha sería, en principio, la prevista en el artículo 194 del Código Penal que castiga con prisión de tres meses a dos años a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”.

En la causa se investigan cinco interferencias cuando el helicóptero "H-03” de la flota presidencial llevaba, el 11 de diciembre último, a la Jefa del Estado desde la Residencia de Olivos a la Casa de Gobierno.