El Congreso Nacional, primer poder desde la fundación de Bolivia en 1825, dejó de existir para dar paso en enero a una Asamblea Plurinacional de fuerte presencia indígena que debe hacer del país un Estado socialista comunitario.
La última sesión del Congreso marcó "el cierre de un ciclo de 184 años de una historia de luces y sombras del Poder Legislativo" bajo la tutela de los partidos tradicionales, según el diputado Jorge Silva, del Movimiento al Socialismo (MAS).
Oficialistas y opositores coincidieron en
calificar de "histórica" la última gestión legislativa del Congreso,
aunque el gobierno culpó a la oposición en el Senado, que tuvo mayoría,
por la postergación de más de 400 proyectos de ley vitales para el
proceso de cambio.
"Este Congreso fue muy positivo. El hito
histórico que cerrará sus funciones fue, además de la apertura del
proceso de la Asamblea Constituyente en 1996, la aprobación de la nueva
Constitución", según René Martínez, senador electo del MAS para la
Asamblea Plurinacional.
En contraposición a esa valoración, el portavoz oficial y ex
diputado oficialista Ivan Canelas resumió las críticas al Congreso en
la última década: "prebendalismo, cuoteos políticos y permanentes
acusaciones de protección a la corrupción".
"Daba prioridad sólo al aumento permanente de dietas, al descanso.
Trabajaban sólo de martes a jueves y tenían además una semana (de
trabajo) regional. En general, el congresista trabajaba al mes dos
semanas y no hacía nada", según Canelas.
La nueva Asamblea debe aprobar un centenar de leyes para poner en
práctica la Constitución que instituye un "Estado Unitario Social de
Derecho Plurinacional Comunitario" y reconoce a los indígenas sus
territorios, cultura, autogobierno y autonomía.
Del voto indígena dependen ahora decisiones fundamentales de la
Asamblea que comenzará a funcionar el 22 de enero y en la que no están
alguno de los ocho partidos tradicionales que cogobernaron desde que se
restableció la democracia, en 1982.
Entre esas leyes las prioritarias, a ser aprobadas en seis meses, figuran las de reforma de los sistemas judicial y
electoral y la del régimen de autonomías, entre ellas las de los territorios indígenas.
Aunque solos no son mayoría, senadores y diputados indígenas
integran el Movimiento al Socialismo (MAS) que logró el 64 por ciento
de los 4,6 millones de votos en las elecciones del 6 de este mes y
obtuvo 115 de los 166 puestos de la nueva Asamblea.
Los representantes de las circunscripciones indígenas exclusivas
representan algo más del 4 por ciento del total de la Asamblea y el 5,3
del oficialismo, sin embargo sus movilizaciones fueron promotoras,
desde 1990, del proceso de cambio.
Las movilizaciones comenzaron
cuando centenares de indígenas de las tierras bajas realizaron una
primera marcha hacia La Paz exigiendo "territorio y dignidad".
La cuarta fue en 2002 "por el territorio y la Asamblea Constituyente".
A esa demanda se sumaron después las organizaciones sociales que obligaron a renunciar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, debilitado por una crisis política y tras una represión que causó más de 70 muertos.
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