La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, explicó que impulsará el enjuiciamiento del juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, por haber decidido que la extracción de las muestras de ADN de los hijos de la dueña del grupo Clarín se no se efectuara en el Banco Nacional de Datos Genéticos como lo establece la ley.
Marcela y Felipe Noble fueron sometidos ayer a una extracción de sangre para determinar si son hijos de desaparecidos.
El Cuerpo Médico Forense procedió ayer a la toma de muestras sanguíneas
de los hijos adoptados de la dueña del multimedios Clarín, Ernestina
Herrera de Noble, para determinar si son hijos de desaparecidos,
procedimiento que fue apelado y cuestionado por las Abuelas de Plaza de
Mayo por no haberse hecho en el lugar que dispone la ley.
Las
actas se firmaron en la sede del Cuerpo Médico Forense de la Justicia
Nacional y la extracción se llevó adelante en la Morgue Judicial, luego
de que el juez Conrado Bergesio acatara la orden que había sido
dispuesta por la Cámara Federal de San Martín.
Tras el
procedimiento, el abogado de la familia Noble-Herrera, Jorge
Anzorreguy, consideró que el mismo "se realizó correctamente", y
puntualizó que "esto es el comienzo del examen, y se sigue el examen
ordenado por la Cámara de Casación Penal".
Al ser consultado
sobre el pedido de cotejar las muestras en el Banco Nacional de Datos
Genéticos, el letrado respondió que "no es el momento de opinar eso,
porque lo único resuelto en el expediente, por la Cámara de Casación
Penal, es que se haga el examen como estaba solicitado por los señores
Noble Herrera".
Según explicó, los Noble Herrera solicitaron
este examen "hace 5 años y medio" y sostuvo que los hijos de la dueña
de Clarín, Marcela y Felipe, "están de acuerdo en que se haga el examen
de la forma que ellos lo solicitaron y que estaba ordenado por los
tribunales".
Sin embargo, el apoderado de la querella de Abuelas
de Plaza de Mayo, Mariano Gaitán, cuestionó el procedimiento debido a
que "no se ha realizado correctamente".
"Se ha realizado en una
institución que no es la perito oficial para realizar este tipo de
análisis. La ley -refirió el representante legal- claramente establece
que es el Banco Nacional de Datos Genéticos donde se deben hacer todas
las pericias relacionadas con casos de sustracción de menores durante
la dictadura, y eso incluye la extracción de las muestras".
Gaitán
aclaró además que el juez "solamente ha ordenado la toma de las
muestras, y que permanezcan en custodia. Todavía no se ha dado ninguna
orden para cotejar esas muestras con grupos familiares".
Respecto
del trabajo del Cuerpo Médico Forense, Gaitán señaló que éste "no
realiza las pericias en forma directa, sino que las delega a
laboratorios privados", y además "está sospechado de irregularidades,
que la Corte Suprema ha ordenado investigar".
Frente a la sede
del Cuerpo Médico Forense, en Lavalle 1429, se hicieron presentes
referentes de H.I.J.O.S y el legislador porteño Juan Cabandié, quienes
entregaron una carta dirigida a Felipe y Marcela, donde expresaban
apoyo en "este duro momento".
Mas tarde, la agrupación Abuelas
de Plaza de Mayo anunció que promoverá un pedido de juicio político al
juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, por considerar que tomó
una medida "ilegal" y su titular, Estela de Carlotto, calificó de
"política e ideológica" la disposición del juez de autorizar la Morgue
para la extracción.
También, Carlotto denunció que "se aceleró
el trámite" de tal manera que no se dio tiempo" a Abuelas a presentar
su perito de parte, quien reside en Córdoba.
"Es una incógnita
saber qué delitos habrá detrás de este caso para que se tergiverse y se
dilate todo de tal manera", sostuvo la titular de Abuelas, en una
conferencia de prensa que ofreció en la sede de la asociación en Virrey
Cevallos al 500 junto a organismos de derechos humanos, legisladores y
nietos recuperados.
Especificó además que las muestras de ADN de
los hijos de Noble "deberían ser entrecruzados con los de 22 familias"
que buscan a sus nietos, hijos de detenidos desaparecidos y con "todo
el banco genético" del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La ley
26.548, sancionada el 18 de noviembre por el Congreso, establece que el
Banco Nacional de Datos Genéticos "debe garantizar la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria
como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad ".
En
el Banco funcionará un Archivo Nacional de Datos Genéticos que
contendrá información genética relativa a "la búsqueda e identificación
de hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del
accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados junto con sus padres
y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres, hasta el 10 de
diciembre de 1983".
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