Un grupo de intelectuales, políticos, estudiantes y promotores de radios comunitarias defendieron ayer frente a un tribunal federal la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, aprobada recientemente el Congreso de la Nación.
Tras la concentración que mantuvieron durante el fin de semana en una esquina céntrica donde se habilitó una radio abierta en defensa "de la mejor ley votada desde las bases al Congreso en los últimos años", los organizadores del acto marcharon hacia la zona de tribunales federales de la capital mendocina.
En el lugar, los manifestantes cuestionaron la decisión de la jueza
federal Olga Pura de Arrabal, quien una semana atrás suspendió la
aplicación de la ley, atendiendo los argumentos que le presentó el
diputado nacional del Peronismo Federal, Enrique Thomas.
Miembros
del grupo de intelectuales "Carta Abierta", estudiantes de diversas
carreras de la Universidad Nacional de Cuyo y promotores de radios
comunitarias (La Mosquitera y Cuyum, entre otras) acusaron a la
magistrada de estar "vinculada al grupo Vila-Manzano y al
vicepresidente Julio Cobos".
Pura de Arrabal, según los
manifestantes, "también resolvió no innovar atendiendo el reclamo del
grupo empresarial mendocino en ocasión en que canal 7 de Buenos Aires
instaló una repetidora directa para que quiénes quisieran acceder a la
televisión pública lo hicieran sin pagar al sistema de cable,
Supercanal propiedad del Grupo Uno de Daniel Vila".
Esta tarde
la magistrada federal negó vinculaciones con el grupo Vila-Manzano y
con Julio Cobos y declaró a medios locales que "en realidad es una
decisión (suspender la vigencia de la Ley de Medios) que parte de la
denuncia del legislador nacional Enrique Thomas sobre vicios en el
procedimiento para aprobar la ley".
Roberto Follari, sociólogo
de "Carta Abierta", dijo a Télam que "el accionar de los tres jueces
federales que en diferentes lugares del país objetan la ley de Medios
es una chicana judicial".
"Esta ley ha sido discutida y aceptada
democráticamente por la sociedad por lo que no es justo que una sola
persona (por la jueza federal en Mendoza) ponga límites a su vigencia",
enfatizó Follari.
Otro de los impulsores de la marcha de defensa
de la aludida ley, el diputado nacional Jorge "Pampa" Alvaro (Partido
Compromiso Popular) criticó a Cobos por "no querer firmar la resolución
que designa a dos senadores nacionales como parte de la comisión
reguladora que suplantará al COMFER".
"Es un hombre que juega su
propio partido y que está demorando la aplicación de la Ley de
Servicios Audiovisuales, por lo que pediré por dos vías la suspensión
de la medida precautoria dictada aquí por la jueza Pura de Arrabal el
21 de diciembre que tuvo como promotor al diputado cobista Enrique
Thomas", concluyó.
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