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AMPLIARBussi y Menéndez gozarán del beneficio del arresto domiciliario

Parache benefició a Bussi con arresto domiciliario en un Country

El renunciante juez federal de Tucumán Jorge Parache autorizó ayer a Antonio Bussi abandonar el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde había sido alojado, basándose en "razones de edad y de salud". El militar cumple prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. De esta forma se cumple con lo decidido en diciembre pasado por la Cámara Federal de Apelaciones.

Aunque se anunció que Bussi se alojaría en una casa de su hijo Ricardo, el domicilio real sería en otro Country de Yerba Buena.

El juez federal Jorge Parache concedió ayer arresto domiciliario al represor Antonio Bussi, quien cumple prisión preventiva en relación con distintas causas en las que se lo investiga por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

El magistrado notificó a Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado del militar retirado, que había hecho lugar al requerimiento para que Bussi sea alojado en un domicilio particular, en un Country de Yerba Buena y abandone el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde había sido alojado.

El juez concluyó que se encontraban "cumplidos los requisitos" para que procediera el beneficio que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, el 26 de diciembre último, había concedido a Bussi y al ex titular del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, actualmente en Córdoba.

Aún no se sabe cuándo se efectivizará la orden dispuesta por el titular del juzgado federal número uno, "pero ya quedó expedito el camino para cumplirla a la brevedad sin necesidad de ningún otro trámite", dijo el abogado del represor.

El 26 de diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones había revocado el fallo del 2 de octubre de ese año por el que Parache había ordenado que Bussi y Menéndez fueran alojados en una cárcel común y autorizó que ambos cumplan prisión preventiva bajo la forma del arresto domiciliario.

La decisión había sido adoptada por los vocales Graciela Fernández Vecino, Ernesto Wayar y Marina Cossio de Mercau, y por los conjueces Carlos Caramuti y Enrique Andrada Barone (actuaron porque se habían excusado otros dos camaristas).

En el último día hábil judicial de 2006, el tribunal hizo lugar al recurso de apelación que Conesa Mones Ruiz dedujo contra la sentencia del juez Parache, que disponía el traslado de ambos al penal de Villa Urquiza.

La decisión del tribunal se produjo luego de constatar que los imputados llevan más de tres años de prisión preventiva sin condena firme, que "tienen más de 70 años y que, en el caso de Bussi, padece problemas cardíacos que aconsejan su internación en un nosocomio de la especialidad para su recuperación".

La Cámara Federal aclaró que la detención domiciliaria "supone un modo de ejecución de la prisión preventiva (que pesa sobre ambos, en este caso, por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar) o de la pena de prisión, justificada en razones humanitarias".

Bussi está detenido desde el 15 de octubre de 2003, lo que impidió que asumiera como intendente de la capital tucumana, cargo para el que había sido elegido en los comicios del 26 de junio de ese año.

El dirigente republicano, José Luis Bussi, en diálogo con los periodistas aseguró que su padre podría ser trasladado a la casa de su hermano Ricardo ubicada en uno de los barrios privados más caros de Yerba Buena, ubicado en la zona pedemontana de Tucumán.   

Isauro Martínez