La Declaración Final de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (Alba) estableció el fortalecimiento de la integración regional, a través de acuerdos económicos, sociales y políticos, y condenó enérgicamente las distintas acciones de injerencia de Estados Unidos (EEUU) en la región.
El texto, firmado por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Cuba, Raúl Castro; de Bolivia, Evo Morales, y de Nicaragua, Daniel Ortega, y por los cancilleres de Ecuador, Fander Falconí, y del depuesto gobierno de Honduras, Patricia Rodas, así como por representantes de tres países caribeños, fue el resultado de varios días de deliberaciones de las comisiones de alto nivel, ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Estado reunidos en el Palacio de Convenciones en La Habana, Cuba.
En el documento, los países reconocieron el
avance incuestionable del Alba-TCP en sus primeros cinco años de
funcionamiento “y su efectiva confirmación como alianza política,
económica y social en defensa de la soberanía, la autodeterminación, la
identidad y la unidad de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe”.
Los países se comprometieron a continuar la consolidación del Alba
con la formación del recurso humano en materia de salud pública, la
creación de un Estudio Clínico Genético Psicosocial de Personas con
Discapacidad, la aprobación de un Plan de Acción del Proyecto
Grannacional de Alfabetización y Post Alfabetización, para declarar a
todos los países miembros libres de analfabetismo, y la implementación
de un plan de acción de políticas para el proyecto Alba-Educación.
De igual forma, se acordó acelerar la
conformación y activación urgente de empresas y proyectos
grannacionales priorizados, constituir una red de ciencia, tecnología e
innovación, que facilite fomentar capacidades para la generación y
transferencia de conocimientos en sectores claves del desarrollo
socioeconómico, así como la coordinación de políticas en la esfera de
la soberanía tecnológica, como la construcción del cable submarino de
fibra óptica entre Cuba y Venezuela.
También se aprobó el Plan de Implementación del Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos (Sucre), que será puesto en marcha a
finales de enero próximo.
Asimismo, rechazaron el intento de legitimación de las elecciones
de Honduras luego del golpe de Estado contra el mandatario
constitucional, José Manuel Zelaya, y ratificaron su desconocimiento de
los resultados de los ilegítimos comicios.
Además, expresaron “su más firme convicción de que el golpe militar
en Honduras, perpetrado con el apoyo de Estados Unidos, ha tenido como
propósito frenar el avance de las fuerzas del progreso y de la justicia
social en ese país y en la región”.
De igual forma, condenaron la instalación de
siete bases estadounidenses en Colombia, al tiempo que instaron al
Gobierno de Bogotá a reconsiderar el acuerdo que cedió la soberanía del
territorio neogranadino a las fuerzas norteamericanas.
“América Latina y el Caribe debe ser una región libre de bases
militares extranjeras”, continúa la resolución que considera
inaceptable utilizar la lucha contra el tráfico de drogas y el
terrorismo como pretexto para el incremento de la presencia militar
norteamericana.
Agrega que tal acción tiene como objetivo “el dominio de los
mercados y la lucha contra los cambios sociales” que impulsan los
gobiernos progresistas.
Por tal motivo, instaron al Gobierno de Bogotá a reconsiderar la
instalación de las bases, en vista del peligro que constituye para la
paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe, al
tiempo que respaldaron la decisión de Venezuela de alertar la defensa
de su territorio.
También reiteraron su condena al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto desde hace cinco décadas por
el Gobierno de Estados Unidos a Cuba y pidieron su cese inmediato.
La reunión del segmento presidencial, que culmina este lunes,
acordó llevar una posición conjunta a la Cumbre de cambio climático en
Dinamarca, que será expuesta por los mandatarios de Venezuela y de
Bolivia.
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