Mientras casi toda la comunidad internacional y parte de los hondureños desconocen las elecciones del próximo domingo en este país, importantes sectores ven en esa instancia una oportunidad para superar la crisis que estalló con el golpe cívico-militar que derrocó al gobierno legítimo de Manuel Zelaya.
Por Thelma Mejía, para IPS.
Pero la apuesta, en particular de los partidos tradicionales de derecha
y centroderecha, no será fácil. Zelaya llamó a boicotear los comicios
desde su refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde
permanece desde su regreso hace dos meses tras peregrinar por países
vecinos respaldado por gobiernos latinoamericanos y por la Organización
de los Estados Americanos.
El mandatario depuesto en la madrugada del 28 de junio,
cuando fue sacado por un comando militar de su casa y enviado a Costa
Rica, y la gran mayoría de los países de la región, entre ellos los
influyentes Brasil, Chile y Argentina, consideran que las elecciones
generales del domingo intentan "blanquear" el golpe de Estado y el
régimen de facto que le siguió, liderado por Roberto Micheletti.
Lo mismo señalan organizaciones de derechos humanos y otras
de la sociedad civil, como el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (Cejil), que entiende que las elecciones están precedidas
de un clima de "intimidación y asedio", luego de que el gobierno de
facto ordenó un amplio dispositivo de seguridad en todo el país para
contrarrestar el llamado al boicot por parte de la resistencia a la
dictadura.
A partir de esta semana, al menos tres misiones humanitarias
se encuentran en Honduras para tomar el pulso al respeto de esos
derechos básicos, así como documentar los atropellos, amenazas e
intimidaciones que surjan previo, durante y posterior a la culminación
del proceso electoral.
A favor de los sectores encaramados en el poder está el
cambio de posición del gobierno de Estados Unidos, que, tras respaldar
plenamente en un principio los intentos de la comunidad internacional
por reinstalar la democracia, dio un giro drástico y ahora brinda su
total apoyo a los comicios para presidente, vicepresidente, autoridades
locales y la renovación del parlamento.
Precisamente, Micheletti, como parte de los compromisos
pactados con Washington, dejó el miércoles la presidencia de facto con
la seguridad de retornar al cargo que usurpa el próximo miércoles,
cuando la unicameral Cámara Legislativa decida si habilita la
restitución de Zelaya, en cumplimiento a un acuerdo suscrito entre las
partes hace casi un mes.
Todo indica que el parlamento rechazará la restitución de
Zelaya, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas en su contra y los
dictámenes en ese sentido de la Corte Suprema de Justicia, divulgado el
jueves, y anteriormente otros organismos de contralor consultados.
Tras el retiro temporal de Micheletti, el gobierno de
Honduras quedó en manos de su Consejo de Ministros, conducido por el
responsable de la cartera de la presidencia, Rafael Pineda Ponce, quien
presidiera hace seis años el Poder Legislativo.
LA JUGADA DE WASHINGTON
El desplazamiento por sólo ocho días del mandatario de facto
fue parte de los acuerdos propiciados por Washington, tras la última
visita que hiciera el subsecretario de Estado de Estados Unidos para
Asuntos del Hemisferio Occidental, Craig Kelly, en busca de propiciar
un clima de mayor tranquilidad para las elecciones, según se explicó.
Kelly estuvo en dos oportunidades para impulsar el llamado
Acuerdo Tegucigalpa/San José suscrito entre Zelaya y Micheletti, que
contempla entre sus puntos más sensitivos el retorno de Zelaya, siempre
y cuando el Congreso lo votara.
Como parte del acuerdo, Zelaya creía que iba a ser restituido
antes de las elecciones generales, pero al no concretarse antes de los
comicios, éste entendió que el pacto fue violado. Los golpistas aducen
que no se habían fijado plazos.
Considerando que el retiro temporal de Micheletti es "una
nueva mascarada" para legitimar el golpe de Estado con las elecciones,
Zelaya ha pedido a la comunidad internacional no retroceder en su
postura de condena de la interrupción de la democracia, al tiempo que
pidió medidas más drásticas contra el país a nivel económico y de
ayudas.
El llamado del presidente legítimo ha tenido acogida en gran
parte de la comunidad internacional, pero no así entre algunos países
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el lunes
no pudo sacar una resolución exprese de desconocimiento de las
elecciones en Honduras.
Al reconocimiento de Estados Unidos, se sumó Panamá, que
envió sus primeros observadores, y el miércoles hizo lo propio el
gobierno peruano de Alan García. En tanto, Colombia y Canadá, estarían
por pronunciarse a favor de los comicios, según trascendidos de prensa
locales.
El analista político Efraín Díaz entiende que la fisura que
comienza a verse en la comunidad internacional "es comprensible en
tanto que no se puede deslegitimar una acción soberana de un pueblo que
ha sido previamente convocado a unos comicios en legal y debida forma,
porque Zelaya era presidente del país cuando se produjo ese hecho".
"Es claro que estos comicios se hacen de una forma inusual,
ya que están precedidos de un golpe que cambia todo el panorama
democrático del país", aclara el experto, Pero luego se pregunta: "Si
no hay elecciones, ¿cuál es la salida?" "Ese es el otro dilema que no
ve o no entiende la comunidad internacional", enfatiza ante la consulta
de IPS.
A su juicio, las elecciones son una "opción de salida más
viable, en tanto se redefine un nuevo pacto social más justo y
equitativo en el país, ante la dificultad que se vislumbra para
revertir el golpe".
CLIMA OPACO y TENSO
Cerca de una docena de incidentes se han producido en el
último mes en Honduras, como el estallido de bombas caseras, atentados
contra antenas de radio, decomiso de armas y la intensificación de la
represión policial y militar.
También la policía detuvo a varias personas a las que se les
imputa la preparación de un supuesto atentado contra Michelettí en la
norteña El Progreso, su ciudad natal.
Orly Cerrato, portavoz policial, dijo a IPS que entre el
armamento incautado se encuentra un fusil calibre 223 con mira
telescópica de largo alcance, "utilizado por francotiradores", además
de que se investiga otros aspectos, pero "aún no tenemos nada concreto,
sólo sospechas".
Francisco Ruíz, presidente de la Federación de Ganaderos de
Honduras, declaró a IPS que las elecciones de este domingo "son la
mejor solución a la crisis porque vamos a comenzar de cero y a hacer
que se respete el derecho soberano del pueblo a elegir sus
autoridades".
Pero la activista humanitaria, Bertha Oliva, rechaza ese
comentario al afirmar a IPS que "vamos a unas elecciones espurias donde
un presidente víctima de un complot político-empresarial se encuentra
encerrado en una embajada viendo cómo se le despoja de su legitimidad".
En los comicios de este domingo participarán los cinco
partidos legalmente inscritos, entre ellos el izquierdista partido de
Unificación Democrática (UD), que a última hora se sumó al proceso, no
sin antes ser repudiado por los simpatizantes zelayistas que conforman
el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, por no
acatar el boicot.
César Ham, candidato a la presidencia por la UD, dijo a IPS
que aceptaron "el reto del proceso electoral para demandar una asamblea
constituyente y porque sino participábamos, el partido desaparecería
legalmente como establece la ley electoral, y en una asamblea las bases
en su mayoría nos ordenaron participar para no perder los espacios
ganados".
"Nosotros seguimos condenando el golpe y vamos a luchar por
revertirlo y restituir a Zelaya, pero no podemos dejar que el próximo
Congreso quede en manos total de los golpistas, debemos dar la lucha
política y ese el mandato que tenemos", aseveró.
Los otros cuatro sectores que participan en la contienda son
el gobernante Partido Liberal (PL), que enfrenta una profunda división
tras el golpe, el opositor Partido Nacional (PN), que encabeza las
encuestas de opinión, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de
Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD).
Más de 4,3 millones de hondureños están convocados a las
urnas para elegir presidente, 128 diputados, 298 gobiernos locales,
tres designados presidenciales y diputados al Parlamento
Centroamericano por un período de cuatro años.
Sondeos preliminares de intención de voto indican que más de
70 por ciento de los consultados manifestó su interés por sufragar,
pero en las calles, el ambiente político no es colorido como en épocas
pasadas.
Por Thelma Mejía, desde Tegucigalpa, para IPS.
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