El castigo corporal que sufren los niños y niñas en la Argentina, tanto al interior de los hogares como en instituciones escolares y otras, alcanza el 23% del total de las víctimas de violencia directa, según datos del último año de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, las situaciones de violencia doméstica contra la mujer que son presenciadas por niños, niñas y adolescentes, alcanza a un 70%.
La situación del país se incribe dentro de un contexto "alarmante" en Latinoamérica sobre el castigo corporal que sufren los menores, un castigo que tiene distintas variables: los padres que pegan con la idea de corregir conductas, las víctimas de la violencia doméstica, la violencia escolar, la violencia social, el abuso sexual y la explotación laboral.
Sobre esta situación se presentó hoy un informe de la región, en el marco de las jornadas internacionales sobre sistema penal juvenil, organizadas por Unicef y la Defensoría de la Nación, en el centro porteño, con la participación de abogados y juristas, argentinos y del exterior, procedentes de Uruguay, Chile, Estados Unidos y España.
"Los adultos suelen presenciar en ámbitos públicos cómo las niñas, niños y adolescentes son castigados corporalmente por sus madres u otros adultos responsables de su cuidado sin que exista respuestas ni mecanismos para protegerlos", precisó Paulo Pinheiro, relator de Naciones Unidas, al presentar el informe sobre la situación del castigo corporal a los menores.
A los castigos que se observan en la calle, en las plazas, en oficinas de trámites, en escuelas, se suma el castigo que sufren los niñas y niñas en ámbitos privados, donde la dimensión de este problema alcanza niveles en general desconocidos.
Según el informe, si bien el castigo corporal para disciplinar es una práctica extendida en el mundo, las investigaciones dan cuenta del daño físico y psicológico que sufren en consecuencia.
En el informe, confeccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo llama a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que se actúe en forma inmediata frente al problema del uso del castigo corporal mediante su prohibición legal explícita y absoluta en todos sus ámbitos".
Asimismo, pide que se adopten medidas preventivas, educativas, y de otra índole que sean apropiadas para asegurar la erradicación de esta forma de violencia ya que la mayoría de los países del mundo no cuenta con legislación o lenguaje expreso que prohíba el castigo corporal en el hogar y en instituciones educativas.
Dentro de los aspectos salientes del informe, se destaca que "las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la custodia del Estado, en muchos casos, están expuestos a diversas formas de violencia por parte del personal y de las autoridades que son responsables de su bienestar".
En este caso, menciona la práctica de tortura, tratos inhumanos o degradantes, maltrato, abuso sexual y el uso de castigos corporales.
Partiendo del convencimiento de que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, uno de los planteos del encuentro giró en torno a los chicos en situación de encierro.
En este sentido, la Convención Internacional de los Derechos del Niño contempla la privación de la libertad de los menores de 18 años como última medida punitiva, y promueve la implementación de medidas alternativas al encierro como acciones reparatorias del daño. (Télam).-
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