El dictamen entregado al Congreso será tomado en cuenta por legisladores el 2 de diciembre cuando decidan sobre su restitución.
La Corte ya había desetimado el pasado 21 de agosto la restitución de Zelaya, en respuesta a un anterior acuerdo para mediar la crisis, alcanzado en San José con la mediación del presidente costarricense Oscar Arias.
La Corte Suprema hondureña imputó a Manuel Zelaya seis delitos, entre
ellos traición a la patria, en un dictamen entregado al Congreso y que
será tomado en cuenta por legisladores el 2 de diciembre cuando decidan
si restituirán al presidente derrocado. Aunque el dictamen no ha
trascendido, el presidente de la Corte Jorge Rivera declaró que se
"sustenta en 6 delitos", entre ellos, el de traición a la patria,
desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los
funcionarios y abuso de autoridad.
Tras analizar los dictámenes
de la Corte y otras tres instituciones, el Congreso Nacional se
pronunciará el 2 de diciembre sobre la restitución de Zelaya en el
poder, como lo contempla el acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito el
pasado 30 de octubre, bajo la presión de Estados Unidos.
"Sin
prejuzgar sobre el fondo del asunto", el Congreso Nacional "cuenta con
información para analizar el contexto general de las actuaciones
oficiales y públicas" de Zelaya, según un comunicado emitido por la
Corte tras entregar su informe a la secretaria adjunta del Congreso,
Ana de Lanza. De este modo, podrá "valorar si las mismas se realizaron
en apego a lo dispuesto en la Constitución de la república al orden
jurídico preestablecido y en consonancia con su condición de
funcionario público, sujeto a la ley", agrega el comunicado.
El
acuerdo Tegucigalpa/SanJosé, suscrito por las delegaciones de Zelaya y
del gobierno de facto de Roberto Micheletti, deja al Congreso la
prerrogativa de restituir el poder ejecutivo que gobernaba hasta el 28
de junio, fecha del golpe de Estado contra el mandatario constitucional.
La
Corte ya había desetimado el pasado 21 de agosto la restitución de
Zelaya, en respuesta a un anterior acuerdo para mediar la crisis,
alcanzado en San José con la mediación del presidente costarricense
Oscar Arias. También el máximo tribunal había advertido que si Zelaya
regresaba al país tras el golpe de Estado, cuando fue derrocado y
expulsado a Costa Rica, sería detenido para responder ante la justicia.
Zelaya
regresó a Tegucigalpa tras entrar clandestinamente en el país y se
refugia desde el 21 de setiembre en la embajada de Brasil. En ese
entonces, la Corte también rechazó la posibilidad de una amnistía
aduciendo que existe un proceso penal contra Zelaya y que "la única
forma de finalizar o suspender estos procesos penales es de conformidad
a lo regulado en nuestra legislación" y que "cualquier arreglo de tipo
político debe pasar por el respeto a la legalidad y el control
jurídico".
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