La Cámara alta aprobó ayer y convirtió en ley por una amplia mayoría la iniciativa que determina suspender temporalmente la aplicación de la denominada Ley Cerrojo , y da vía libre al Poder Ejecutivo para poner en marcha el canje de los títulos de deuda que no ingresaron a la operación concretada en 2005.
La denominada Ley Cerrojo, sancionada por el Congreso en febrero de 2005, prohibía la posibilidad de reabrir el canje de deuda de títulos en default, de manera de dejar instar a los bonistas a ingresar a la operación que cerró apenas unos meses después con un nivel de aceptación del 76 por ciento.
El proyecto de ley, que recibió media sanción en Diputados hace dos
semanas, se convirtió hoy en ley con el voto positivo de 45 senadores,
mientras que 10 lo hicieron en contra.
El proyecto sancionado contempla, entre otros aspectos, la suspensión de la Ley Cerrojo por al menos un año.
La
medida forma parte del plan delineado por el Poder Ejecutivo Nacional
para reabrir el canje de la deuda para los bonistas que no ingresaron
en la operación de hace cuatro años que tienen en su poder títulos en
default por una cifra equivalente a 20.000 millones de dólares.
Según
el proyecto enviado por el Ejecutivo, la nueva oferta incluirá una
quita superior al 65 por ciento aplicada en el canje de 2005, que tuvo
una aceptación del 76 por ciento.
La oferta implicará la
incorporación de dinero fresco para la Argentina de parte de los
grandes tenedores, a partir de un compromiso asumido por los bancos
Barclays, Deutsche y Citi que comandarán la nueva operación, entre
otros aspectos.
Al iniciar el debate en el Senado, el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el correntino Fabián Ríos,
ponderó el "exitoso mecanismo de canje de deuda" al que además comparó
con el de 2005 que "en aquel momento fue ventajoso porque nos permitió
el desarrollo de la economía argentina tras la convertibilidad".
"Quedaron
sin haber optado por el ingreso a este mecanismo de negociación
alrededor de 20 mil millones de dólares de aquellos bonistas. Hoy la
intención es complementar este mecanismo, reabrir este canje y lograr
un rescate mayor de deuda", agregó.
Según Ríos, el principal
objetivo del nuevo canje es "restablecer la seguridad jurídica en el
tema del endeudamiento y restablecer mecanismos de financiamiento que
bajen el riesgo país".
"Es una medida que ayuda a generar y a
reactivar la inversión externa dentro de la economía argentina. No
pensamos que la reapertura de este canje saneé el 100 por ciento de la
deuda, pero ese residual podría consolidar la deuda argentina y la
posición ante el Club de París", argumentó.
Además, el senador
oficialista recordó que la intención del Gobierno es "no pagar comisión
a aquellos que intermedien en el canje de los bonos".
"No va a
ser el Estado el que asuma el costo de las comisiones financieras de
aquellos operadores que trasladen el interés de los tenedores de bonos
para entrar al canje", indicó Ríos.
A su turno, el radical
Gerardo Morales consideró como una "buena señal que el Poder Ejecutivo
inicie gestiones para arreglar con el Club de París".
"Esto va a
poner mejor a la Argentina el año que viene, cuando la crisis se
supere. Y va a ponerla en una situación mejor para afrontar mejoras en
la economía doméstica", sostuvo.
Morales también dijo que el
radicalismo acompaña "esta fuerte señal que, pese a los conflictos
internos, permitirá mejorar nuestra economía y nuestras variables
macroeconómicas".
Desde la vereda opuesta, el justicialista
disidente Juan Carlos Romero consideró que "esta reapertura muestra las
marchas y contramarchas que no solo son propias de este gobierno" y
agregó que "aquí queda aprobado que fracasó la idea del oficialismo de
la Ley Cerrojo original".
Por su parte, el socialista Rubén
Giustiniani, quien también votó en contra de la iniciativa, apuntó que
la reapertura del canje "es una exigencia del FMI que nos dice que
vamos a tener crédito si arreglamos con los holdouts, si retornamos al
Club de París y volvemos al redil".
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