El presidente peruano afirmó que en esos documentos se demuestra el envío de dinero por parte del gobierno de Chile al supuesto espía. Además se comprobó la transmisión de correos electrónicos desde la computadora de Ariza hasta una dirección en Chile.
Solicitó una pronta investigación para esclarecer este caso.
Luego
de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Emergencia peruano,
el presidente de este país, Álan García, reveló que tiene documentos
que demuestran las labores de espionaje realizadas por Chile, pese a
que Santiago continúa negando categóricamente haber realizado algún
tipo de hecho que atente contra la estabilidad y la paz bilateral.
"Hemos
visto algunos de los documentos que demuestran la recepción de dinero
de distintas agencia de la firma Wester Union de Santiago y hemos
comprobado la transmisión de correos electrónicos desde el IP
originario de la computadora del agente (Victor) Ariza (suboficial
peruano acusado de espionaje) hasta un IP existente en la ciudad de
Chile", informó el presidente García.
En vista de esto,
aseguró que le solicitará a una entidad mundial que investigue la
información encontrada sobre el caso y dijo pidió a Chile esclarecer
estos hechos.
"Nos toca con todo respeto pedir a Chile que
realice las investigaciones correspondientes, he pedido al señor
canciller de la República que se entreviste con la fiscal de la nación
para tener los datos de las declaraciones, las referencias y poder
entregarlas por encima de la mesa al gobierno chileno para que las
coteje, para que las investigue y nos dé las explicaciones
correspondientes", indicó García.
El mandatario consideró que
en Chile todavía existen sectores que conservan actitudes
"pinochetistas" (de la dictadura de Augusto Pinochet) para actuar en
contra de los países vecinos, en este caso de Perú.
"Es un
hecho claro, en 1979 tuvimos un caso similar, lo que demuestra la
continuidad en la forma de actuar, bajo espionaje y en 2003 le tocó a
Argentina ser víctimas de espionaje de la misma forma por parte de
algunos sectores chilenos", señaló el mandatario.
Exhortó a los peruanos a actuar con serenidad y tranquilidad "porque nosotros tenemos la razón".
En
la misma línea de García, el domingo, el canciller peruano, José
Antonio García Belaúnde, recordó que Chile ya había realizado
actividades de espionaje a Perú en la década de los 70. Según el
diplomático, en 1978 la embajada chilena en Lima descubrió al
suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), Julio Vargas Garayar,
realizando actividades de espionaje.
Vargas fue fusilado al año
siguiente en cumplimiento de las leyes peruanas de la época y se
declaró persona non grata al embajador chileno, Francisco Bulnes
Sanfuentes.
En cuanto al supuesto nuevo caso de espionaje,
Belaúnde solicitó que se tomen cartas en el asunto pues "nos interesa
que haya una investigación seria".
"Le estamos pidiendo a Chile
que investigue y sancione a los responsables. Nos interesa que haya una
investigación seria y clara para saber quién es el verdadero
responsable de haber ordenado y solventado un espionaje así.
Consideramos que es un acto bastante inamistoso y ofensivo contra el
Perú", reiteró García Belaúnde.
En la misma línea, el ministro
de Defensa de Perú, Rafael Rey, afirmó que el supuesto espía envió
información secreta de la Fuerza Aérea "a sus cómplices chilenos", que
según trascendió en algunos medios de prensa locales, constó de datos
sobre el Plan Nacional de Seguridad Estratégica y los fundamentos de la
memoria peruana para el reclamo marítimo que el gobierno de Álan García
presentó ante La Haya.
Por
su parte, el canciller de Chile, Mario Fernández, insistió este lunes
en que su país no practica actos de espionaje por lo que consideró que
"la posición chilena es firme y solida. Yo quiero ser enfático,
imputaciones sobre actividades ilegales a otra parte, porque Chile no
la practica".
Pero lo que no se ha mencionado en todo este caso es que en el pasado mes de agosto Chile denunció a Perú por un caso de espionaje.
Por
este escándalo, el jefe de la diplomacia peruana había asegurado el
pasado 2 de agosto que "no era ninguna política de Estado espiar" y
señaló que los responsables de este hecho eran los integrantes de la
empresa privada Buissness Track (BTR), detenidos hace varios meses por
participar en espionaje empresarial.
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