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AMPLIARLos indígenas semanas atrás repudiaron el asesinato en la Plaza

Prisión preventiva para Amín y el "Niño" Gómez por el crimen de Chuschagasta

La medida fue dispuesta por el juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli. Es por el asesinato del 12 de octubre a Javier Chocoba, miembro de la comunidad indígena de Chuschagasta. Los presuntos autores son Darío Amín, terrateniente; y dos ex policías, el “Niño” Gómez (cercano al “Malevo” Ferreyra) y Valdivieso a quien la medida no alcanzó.

“Andhes celebra la decisión del juez”, se lee en un parte emitido por esta institución.

Durante la simbólica jornada del 12 de octubre, un integrante de la Comunidad Chuschagasta, Javier Chocobar, fue asesinado y otros tres sufrieron heridas de bala. Los señalados como responsables son Darío Amín, terrateniente de la zona, y dos ex policías: el “Niño” Gómez quien fuera tiempo atrás muy cercano al “Malevo” Ferreyra y Jorge Valdiviezo. El hecho se dio en un marco donde se está analizando la propiedad de los pueblos indígenas sobre territorios ancestrales y el comienzo del relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160.

De esta manera los Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) celebran la decisión del juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli, que dictó prisión preventiva para Darío Amín y Luis “Niño Gómez”, expresan los abogados en un parte de prensa.

Sin embargo “la medida no alcanzó a Jorge Valdivieso”. Pero “consideramos que es un avance en el esclarecimiento del hecho, la búsqueda de la justicia y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”, aseguran.

El asesinato se produjo como brutal respuesta a las acciones legales que está llevando adelante la comunidad para exigir que se reconozcan terrenos de Chuschagasta como propiedad indígena.

En este sentido desde Andhes comentan que “este conflicto no es un simple caso de enfrentamiento entre partes sino que se da en el contexto donde una comunidad indígena está reclamando el reconocimiento de sus derechos”.

Al respecto, los abogados dicen que “está vigente la ley 26.160 y en este sentido la responsabilidad de su aplicación recae exclusivamente en la cabeza del Poder Judicial” ya que “dicha normativa, de orden público, ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el término de cuatro años, mientras se realiza un relevamiento territorial que servirá para hacer un análisis de la situación de los territorios indígenas, saber cuál es el mapa y poder actuar en consecuencia”.