El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó ayer que es difícil que las partes retomen el diálogo en Honduras y señaló que la organización no puede “ni considerar” enviar una misión de observación para las elecciones del 29 de noviembre.
“No se ve como muy posible reentablar un diálogo” entre el mandatario derrocado Manuel Zelaya y el régimen de facto, indicó Insulza durante una reunión extraordinaria de la OEA para tratar la crisis en Honduras.
Insulza dijo que en las últimas horas habló con Zelaya, quien le manifestó que “no tenía ninguna disposición a volver a conversar con el gobierno”.
“Zelaya dijo que su frustración llegó a un límite y que no estaba dispuesto a hacerle el juego a la dictadura”, dijo.
“La decisión nuestra respecto a la observación electoral es una cosa que no podríamos ni siquiera considerar (…). Desde el punto de vista político no existe ninguna condición para enviar una misión electoral a Honduras”, subrayó Insulza.
Micheletti llamó el lunes a la comunidad internacional a apoyar los comicios previstos para dentro de poco más de dos semanas, que el gobierno desea que pongan fin a la crisis desatada tras el golpe de Estado del 28 de junio que sacó del poder a Zelaya.
Durante la reunión de la OEA, varios países reiteraron que Zelaya debe ser restaurado en el poder, tal y como ordenó la organización al suspender a Honduras, y que no legitimirán las elecciones.
Insulza afirmó que la formación de un Gobierno de Unidad, punto clave del acuerdo firmado entre las partes el 30 de octubre junto a la restitución de Zelaya tras aprobación del Congreso, fracasó luego de que Micheletti pidiera al mandatario derrocado que le enviara candidatos para él organizar ese gabinete.
“Zelaya no mandó los nombres para que Micheletti conformara el gobierno de unidad porque eso (ese mecanismo de conformación del gabinete) no estaba en ninguna parte” del acuerdo, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, Insulza dijo que la petición del Congreso hondureño de opiniones a diferentes entes del país, entre ellos la Corte Suprema, “mostraba interés por demorar” su decisión respecto a la reinstauración en el poder de Zelaya.
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