Un ex juez federal admitió ayer que el Poder Judicial no tenía la fuerza necesaria como para exigir a la dictadura militar que otorgue la libertad a algún detenido, al declarar en la novena jornada del juicio en contra del ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y otros cinco represores.
Eudoro Vázquez Cuestas, quien se desempeñó como juez federal de la ciudad cordobesa de Bell Ville entre febrero de 1975 y marzo de 1985, testimonió dentro del marco del debate oral y público en la causa que tiene como víctima al sobreviviente Raúl Ernesto Morales, uno de los tres casos que se juzgan, y manifestó que sólo "Dios" estaba por encima del poder militar.
En ese sentido, el ex juez recordó que el país "estaba bajo el estado de sitio y el PEN (Poder Ejecutivo Nacional-Militar) se arrogaba la facultad de detener a las personas y en muchos de los casos sin judicialidad", relató al ser consultado por las partes sobre el procedimiento procesal que se aplicaba a los detenidos.
Añadió que si bien la Justicia disponía de las facultades para aplicar la ley vigente durante la dictadura militar, aclaró sobre los detenidos que estaban a disposición del PEN, que sólo en ese ámbito podían disponer la libertad.
"No había otra cosa por encima de las fuerzas militares, con qué fuerza exijo al ejército que den la libertad de algún detenido", contestó el ex juez Vázquez Cuestas al ser consultado si tenía el poder para liberar detenidos.
La abogada María Elba Martínez, representante de la querella en esta causa, manifestó que con el testimonio del ex magistrado "ha quedado en claro que existía un Poder Judicial subordinado al Area 311 (Tercer Cuerpo del Ejército) y que prácticamente la Junta Militar era Díos para la Justicia".
Morales era un albañil y militante de la Juventud Peronista cuando fue secuestrado el 22 de marzo de 1976, desde su vivienda de Santa Rosa de Calamuchita, y como consecuencia de los tormentos y torturas a las que fue sometido perdió la funcionalidad de los riñones, entre otras afecciones físicas y síquicas.
Su hermana, Elsa Noemí Morales, se constituyó como otra prueba testimonial de la jornada ya que fue donante para el transplante de un riñón.
Otra hermana, Stella Mari Morales, y su esposo Olegario Martínez, cuñado de la víctima, también fueron secuestrados y acusados de subversivos por su militancia en la Juventud Peronista y por realizar actividades solidarias en la comunidad de Calamuchita.
Martínez se desempeñaba en la policía de Embalse y, junto a su mujer, estuvo secuestrado en el ex centro clandestino de detención de la D2 (Departamento de Informaciones Policiales), lugar donde ambos fueron torturados y vejados.
"Era increíble el estado de excitación y locura que tenían cuando torturaban. Eran salvajes y disfrutaban lo que hacían", manifestó la mujer al traer a su recuerdo los "horrorosos" momentos que le tocó vivir hasta que fue liberada en noviembre de 1976.
En otro tramo de su relato también dijo que escuchó en varias oportunidades el apodo del 'gato' como las personas que torturaban en la D2, mote con el que se conoce a uno de los imputados en esta causa, Miguel Angel Gómez.
El juicio continuará este miércoles, a partir de las 10, con nuevos testimonios en los Tribunales Federales de Córdoba.(Télam).
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