El poder económico del narcotráfico colombiano "es hoy más grande que nunca", advirtió Ricardo Vargas, uno de los mayores expertos en el tema en el país, en momentos en que el gobierno de Alvaro Uribe profundiza el apoyo de Estados Unidos en su lucha contra el tráfico de drogas y el "terrorismo".
"La economía de las drogas en Colombia está absolutamente consolidada, el potencial de producción de cocaína en el país está boyante y el narcotráfico está más invisible que hace 10 ó 20 años, es decir, el poder de esa economía es mucho más grande hoy que nunca", declaró a ANSA Vargas, sociólogo y director de la ONG Acción Andina Colombia.
En este contexto, el gobierno firmó la semana pasada un
acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que permite que
militares y contratistas de ese país dispongan de siete bases
locales, bajo el argumento que necesita ese apoyo en su lucha
contra el narcotráfico y el "terrorismo".
El país sudamericano ajusta cerca de tres décadas de lucha
contra las organizaciones que trafican con drogas ilícitas y
unos 20 años intentando erradicar con diversos métodos los
campos cultivados con hoja de coca, sin que hasta ahora logre
eliminar de tajo ambos problemas.
"Colombia es el mayor país de cultivo del arbusto de coca,
con 81.000 hectáreas, seguido de Perú, 56.100, y Bolivia
30.500", dijo el reporte anual de 2008 de la Oficina de la ONU
contra la Droga y el Delito.
Para la Colombia gobernada por Alvaro Uribe, en cuyos siete
años de mandato el tema central es la lucha contra los grupos
guerrilleros, las FARC, según especialistas, se convirtieron en
el principal cartel de las drogas en el país.
"El narcotráfico se vuelve cada vez más la principal fuente
económica para las FARC debido a la falta de recurso", dijo el
vicepresidente Francisco Santos a periodistas en una reciente
reunión con prensa extranjera.
Las FARC, según la versión del gobierno, encarnan en sí
mismas tanto el "terrorismo" como el narcotráfico que Bogotá
combate con su aliado estadounidense y son a la vez uno más de
los recientes enemigos en esa cadena de capos, carteles y
organizaciones de traficantes de la historia mafiosa del país.
"El 80% de los ingresos de las FARC provienen del
narcotráfico y de su asociación con bandas criminales", dijo a
la prensa local el general Oscar Naranjo, director de la policía
colombiana, cuya carrera se construyó a base de arrestar jefes
del narcotráfico y acabar con sus carteles.
Así las cosas, Colombia pasó de los excéntricos y pintorescos
traficantes de marihuana de los años 70, a organizaciones
armadas con ejércitos de sicarios en los 80 a la cabeza de Pablo
Escobar, quien desató una guerra contra el Estado para evitar la
extradición a Estados Unidos.
La violencia extrema de Escobar fue sofocada en parte por el
gobierno de entonces -encabezado por César Gaviria (1994-1998)-
y por una asociación de traficantes a quienes el capo también
atacó, algunos de los cuales se convertirían luego en los jefes
de los grupos paramilitares, como fue el caso de Fidel Castaño,
fundador de los ultraderechistas.
Los gobiernos sucesivos a Gaviria tuvieron que enfrentar al
cartel de Cali, cuyos jefes máximos los hermanos Miguel y
Gilberto Rodríguez terminaron en cárceles estadounidenses.
Luego sobrevino la lucha contra el cartel del Norte del
Valle, una escisión del cartel de Cali, hasta que al final
algunas de sus cabezas terminaron extraditados a Estados Unidos
o muertos.
A la desaparición de esos grupos se pusieron en la lista de
combate por parte de Bogotá nuevos y emergentes jefes del
narcotráfico, a decir: Daniel Barrera, "Loco Barrera"; Pedro
Guerrero, "Cuchillo", y Luis Calle, "Comba", por los que se
ofrecen millonarias recompensas en dólares.
"El reto es la captura de cuatro grandes criminales", aseguró
el general Naranjo, para quien su "neutralización" llevaría al
"fin de los narcotraficantes que todavía tienen connotación
nacional".
Pero para el investigador Ricaro Vargas, el "problema" del
narcotráfico en Colombia "se ha complejizado" y resulta
simplista reducirlo a la eliminación de los nuevos capos. A su
entender lo que hay que hacer es emprender un tratamiento más
amplío del fenómeno que lleve a la "descriminalización de
algunas drogas".
"No se trata de pasar la prohibición a la legalización sino dar un recorrido que permita un mejor manejo del problema del origen de manera directa sobre alternativos distintas a la represión", apuntó Vargas.
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