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Cumbre con el presidente de la Corte por los proyectos de lucha contra el narcotráfico

El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco recibieron ayer anteproyectos de ley referidos a las adiciones elaborados por la Comisión Nacional de Políticas Públicas sobre Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, el Crimen Complejo y la Corrupción, conducida por Mónica Cuñarro.

Cuñarro, acompañada por los jueces Patricia Llerena y Martín Vázquez Acuña, concurrieron esta mañana al Palacio de los Tribunales donde mantuvieron la reunión "informal" durante la cual entregaron a los ministros parte del resultado de la labor de la Comisión.

En diálogo con Télam, Cuñarro reiteró el carácter de "informal" que tuvo el encuentro al que concurrieron "por indicación del Jefe de Gabinete (Aníbal Fernández) para entregar los anteproyectos de ley, un cronograma de 38 puntos y a informar sobre proyectos que ya cuentan con media sanción legislativa".

"Es el resultado de la actividad ya realizada a sólo dos meses del ’fallo Arriola’" señaló Vázquez Acuña en referencia a la sentencia de la Corte que declaró la inconstitucionalidad del artículo que penaba la tenencia de drogas para consumo personal y en el que los ministros del Máximo Tribunal exhortaron a la elaboración de políticas nacionales sobre el tema.

"Oposición y oficialismo trabajamos en conjunto, en una metodología casi sin antecedentes, en la elaboración de las propuestas", enfatizó Cuñarro quien también ponderó que "todos los ministerios convocaron a las 24 jurisdicciones a trabajar juntas y consensuar" las políticas de prevención y asistencia.

Los integrantes de la Comisión les entregaron a Lorenzetti y Highton los "lineamientos para el plan nacional sobre drogas" donde explican que "diversas áreas del Estado Nacional cuentan con los recursos y personal especializado para desarrollar diferentes objetivos, específicamente en las áreas de salud, educación, trabajo, desarrollo social, justicia, seguridad y derechos humanos".

En el "fallo Arriola" la Corte había pedido a los poderes públicos nacionales y provinciales la "modificación de la legislación sanitaria, de asistencia, de inclusión y de internaciones adecuándolas a los instrumentos de derechos humanos", recordaron los miembros de la Comisión.

El Máximo Tribunal también exhortó a la realización de un "plan nacional de asistencia e inclusión para prevenir y tratar y reinsertar a las personas con problemas de uso abuso de sustancias y en especial a los menores" y el diseño de "campañas públicas de comunicación" sobre las "consecuencias negativas de los consumos", de drogas, alcohol y psicofármacos.

También se analizó la importancia de que la persecución penal "se centre en el tráfico, narcotráfico, la corrupción y lavado, el desvío de precursores químicos" y en la necesidad del diseño de "protocolos de tratamiento y controles de fiscalización".

Sobre esas cuestiones la comisión entregó el informe "minucioso y descriptivo" acerca de las labores ya realizadas en cada área.

Entre los proyectos de ley figura la creación de una Comisión Nacional de Políticas Públicas en Materia de Drogas que "tendrá el sustento legal de contar con competencias establecidas a través de una ley del Congreso de la Nación para, de este modo, centralizar las políticas públicas nacionales en materia de drogas con un único organismo emanado de la deliberación parlamentaria".

También acompañaron el anteproyecto de ley de "precursores químicos" para la implementación de medidas que permitan "controlarse el desvío al mercado ilegal" (tráfico de efedrina) y otro de "derecho a la salud" para atender a la "protección integral de las personas que consumen, abusan y potencialmente pueden llegar a ser adictas".

En lo referente a la utilización de "sustancias psicotrópicas" el anteproyecto respectivo aclara que es una "deuda social" pues está "promovido y estimulado en una sociedad de consumo cuya complejidad causal excede el campo estrictamente médico sanitario".

Respecto del "derecho a la salud", los trabajos específicos lo califican como "fundamental" y establecen que "debe ser implementado y entenderse como un derecho al disfrute de toda gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de Salud".