La Paz, 2 nov (ABI).- Ninguna empresa trasnacional podrá presentar demandas contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) porque el país no reconoce a ese organismo como idóneo para arbitrar diferencias, dijo el lunes la ministra de Defensa Legal Cecilia Rocabado.
Los cuestionamientos planteados por Bolivia contra el CIADI devienen de 2007, tras la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que estaba cargo del consorcio italiano EURO TELECOM INTERNATIONAL desde 1997.
La empresa italiana había considerado que la
nacionalización les provocó un enorme perjuicio a sus finanzas por lo
que el Estado debía indemnizarla.
De esa manera presentó la demanda ante CIADI, pero el gobierno
boliviano consideró que ese organismo no está habilitado para definir
controversias debido a que en procesos similares siempre ha fallado en
contra del Estado y a favor de las empresas privadas.
La Ministra subrayó que, de prosperar la demanda de ETI contra de
Bolivia por la nacionalización de ENTEL, podrá ser resuelta en otros
organismos más idóneos y objetivos.
La nacionalización de ENTEL se produjo en el marco del proceso
llevado adelante por el gobierno del presidente Evo Morales para
recuperar el control de las empresas estratégicas del Estado que fueron
privatizadas en 1997.
En ese entonces, el gobierno encabezado por el empresario minero
Gonzalo Sánchez de Lozada decidió "capitalizar" las empresas estatales
de los sectores de energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones
y transportes aéreos y ferroviarios.
La "capitalización" tenía como objetivo captar inversiones, pero en
los hechos solamente fue una privatización porque se entregó las
empresas estatales a capitales extranjeros sin establecer rangos de
fiscalización al proceso de inversiones y a la captación de beneficios.
En mayo de 2006, el gobierno de Morales nacionalizó el sector de
hidrocarburos y se hizo cargo de toda la cadena de exploración,
explotación, transporte y comercialización del sector.
El Jefe de Estado ha manifestado que ahora el Estado percibe por lo
menos el 82 por ciento de los recursos captados por la comercialización
de hidrocarburos, lo que le ha permitido aprobar programas de
desarrollo social e incrementar sus reservas internacionales de 1.700 a
10.000 millones de dólares.
Bajo los gobiernos neoliberales y la capitalización, las
trasnacionales se llevaban el 82 por ciento de los beneficios y dejaban
al estado solamente el 18 por ciento restante.
Anotó que el Gobierno no está en contra del ingreso de
inversionistas privados a Bolivia, pero siempre y cuando se sometan a
las leyes nacionales y "no vengan en condición de patrones, sino de
socios".
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