La Paz, 26 oct (ABI).- La Dirección General de Lucha Contra el Racismo anunció el lunes que se elabora un proyecto para normar el derecho de admisión que tienen algunos centros públicos porque incurre en la discriminación de ciertos sectores de la sociedad.
"Los derechos de admisión resulta ser el derecho a la discriminación y eso tenemos que normarlo y por ello estamos viendo varios aspectos dentro del Plan de Lucha contra el Racismo y la Discriminación", informó a la ABI, la directora de esa entidad, Mónica Rey.
La autoridad se pronunció tras la denuncia de una
mujer, Pascuala Poma, a la que no permitieron ingresar a un sauna de
Cochabamba por ser de pollera.
Según medios de Cochabamba, Pascuala Poma fue echada la tarde del
viernes del sauna ‘Los Cristales’ porque los propietarios del lugar se
reservan el derecho de admisión.
La propietaria de ese lugar público es Rosa Muñoz, quien impidió el
ingreso de la afectada, quien es locutora de radio Kanchaparlaspa y
activista social, simplemente porque vestía polleras.
"Nunca me trataron así, nunca me sentí tan discriminada, la gente
siempre me apoyó para que no deje mi pollera porque esta es mi
identidad. Las personas de pollera también tenemos derechos", aseguró
Poma.
Por su parte, la propietaria del sauna, Rosa Muñoz, alegó que no
se trata de un acto de discriminación, sino que, al ser un sauna
privado los "socios son los que deciden quién entra y quién no".
Esa argumentación fue desmentida por uno de los clientes asiduos de
ese sauna, Fernando Andrade, quien dijo que es un lugar público al que
deben tener acceso todas las personas que así lo deseen.
Subrayó que la propietaria trató de mala manera a Pascuala Poma con formulaciones de contenido racista.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado los derechos de
todas las personas deben ser respetados sin tomar en cuenta sus rasgos
culturales y otras diferencias.
La no discriminación social provocada por factores étnicos,
culturales, raciales, religiosos, de preferencias sexuales o políticas
está garantizada en la Carta Magna como un derecho fundamental de los
bolivianos y bolivianas, por lo que el Viceministerio iniciará una
investigación de la denuncia para sentar precedente y aplicará la Ley,
dijo la directora del área.
Clm/acl ABI
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