Los delegados retomaron ayer por la tarde las negociaciones, sin mucha esperanza de superar la crisis, estancada en la definición del árbitro que debe decidir la restitución de Zelaya.
En tanto, en un clima enrarecido se desarrolla una inusual campaña electoral por las presidenciales del 29 de noviembre.
Delegados del régimen de facto de Honduras y del derrocado presidente
Manuel Zelaya volvieron a verse las caras ayer por la tarde, sin mucha esperanza
de superar la crisis política, estancada en la definición del árbitro
que debe decidir la restitución del mandatario. La situación parece
haber llegado a un callejón sin salida, al acercarse las elecciones del
29 de noviembre, a las que apuesta el gobernante de facto Roberto
Micheletti para liquidar el conflicto.
El problema es que los
comicios no serán reconocidos por la comunidad internacional si Zelaya
no regresa a la Casa Presidencial. Zelaya, depuesto el 28 de junio con
un golpe de estado y enviado al exilio encañonado y en pijamas,
sostiene que su retorno al poder, reclamado por la comunidad
internacional, debe dirimirlo el Congreso por ser un "asunto político".
"El diálogo está en suspenso. Llegamos a un límite de intolerancia al
querer de judicializar un problema político que es un golpe de estado.
Espero rectifiquen y hagan una propuesta seria, pero mantengo serias
reservas. Van a tratar de sostener su posición aunque sean condenados
por el mundo", afirmó Zelaya.
Del otro lado, Micheletti insiste
en que el árbitro sea la Corte Suprema de Justicia, que en el marco del
golpe acusó a Zelaya de 18 delitos por su intento de cambiar la
Constitución supuestamente con la intención de reelegirse. "No le
estamos diciendo a la Corte cómo va a resolver. Pero existen acciones
penales que debemos considerar en la mesa", aseveró hoy Vilma Morales,
negociadora de Micheletti.
Más allá del enjambre político y
jurídico, Zelaya se resiste a someterse a la decisión de una Corte
"michelettista" y espera una "rectificación" política en el Congreso,
que fue el que nombró a su presidente Micheletti como gobernante de
facto.
Tras frustrados intentos de diálogo impulsados desde julio por el
mediador y presidente costarricense, Oscar Arias, y la OEA, el retorno
de Zelaya a Honduras sorpresivamente el 21 de septiembre aumentó la
convulsión social, atrajo de nuevo la atención mundial y presionó la
negociación.
Este diálogo, que tomó como base el "Acuerdo de
San José" propuesto por Arias, fue instalado el 7 de octubre por una
misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los negociadores crearon expectativas anunciando la firma de siete de
ocho puntos, pero 12 días después siguen atascados en el tema medular
de la restitución, sin cuya aprobación todo lo demás, como un gobierno
de unidad, sería letra muerta.
Mientras tanto Zelaya cumplió hoy
cuatro semanas cercado por los militares en la embajada de Brasil,
esperando que el régimen ceda al aislamiento y sanciones
internacionales, a las marchas de sus seguidores y al empeoramiento de
la economía. Pero Micheletti, obcecado empresario liberal de 66 años,
aguanta sostenido por los militares, los empresarios y buena parte de
la clase política, que apuestan a las elecciones de noviembre.
Ante un posible fracaso del diálogo, Zelaya, hacendado liberal de 57
años que viró la diplomacia hondureña históricamente aliada con Estados
Unidos hacia países de con administraciones de izquierda como la de Venezuela, pidió a la OEA
endurecer las medidas, y a sus seguidores protestar y desconocer los
comicios.
Desde el golpe, Honduras ha vivido en crispación
permanente, semiparalizada por toques de queda, huelgas y protestas
callejeras, que acaban en choques entre policías y manifestantes. Haya
o no acuerdo, el conflicto, el peor en dos décadas en Centroamérica,
fracturó a este país 7,6 millones de habitantes, el tercero más pobre
del continente (más de 60%), afectado por la corrupción y la
inseguridad ciudadana.
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