El Senado brasileño aprobó esta noche el acuerdo entre Brasil y el Vaticano que establece una nueva situación jurídica de la Iglesia Católica en el país y que suscitó polémicas en los últimos meses debido que la república es constitucionalmente laica.
El pacto fue firmado en noviembre de 2006 entre el Papa Benedicto XVI y el presidente Luiz Lula da Silva ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y debe entrar en vigor en los próximos días.
Parte del arco político y otras religiones criticaron que se
nombre apenas a la Iglesia Católica en el párrafo sobre
educación religiosa.
El acuerdo prevé que "la educación religiosa católica y de
otras confesiones religiosas, de matrícula facultativa,
constituye disciplina en escuelas públicas primarias, sin ningún
tipo de discriminación".
Para los críticos la presencia de la palabra católicos
causará confusiones, dado qeu actualmente una escuela pública
ofrece enseñanza religiosa de común acuerdo con los padres de
los alumnos.
El acuerdo entre el Vaticano y Brasil señala además que el
país reconoce a la Iglesia Católica, con fundamento en el
derecho de la libertad religiosa, "el derecho de desempeñar su
misión apostólica garantizando el ejercicio público de sus
actividades, observando el orden jurídico brasileño".
La mayoría de los senadores, en tanto, entendió que el
acuerdo no discrimina a otras religiones y "consolida la
relación histórica" entre el Estado Vaticano y Brasil.
El relator del proyecto, el senador y ex presidente Fernando
Collor de Mello, afirmó que "el principio de laicicidad está
garantizado".
Según el senador, el texto institucionaliza cuestiones que ya
ocurren en las iglesias, como el no reconocimiento de vínculo de
empleo entre los curas y sus diócesis, ni entre fieles
consagrados e institutos religiosos. Las unidades religiosas
siguen exentas de pagar impuestos y las iglesias ganarán la
tutela de patrimonio cultural del país con más católicos del
mundo.
"El acuerdo no fija una relación de dependencia entre las partes. Brasil no se torna sumiso a la estructura católica ni pierde su autonomía para la gestión pública", explicó Collor de Mello.
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