17/09/2009 - En General

Despojaron de sus casas a 40 familias de la comunidad Quilmas en Colalao del Valle

Fue ayer a la mañana. La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26.160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los Pueblos Originarios de su territorio por el termino de cuatro años hasta tanto se efectúe el relevamiento territorial.

Según comentaron desde la comunidad, la medida fue articulada por el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar.

“Cerca de 120 efectivos de infantería y caballería de la policía de la provincia desalojaron a 40 familias de la comunidad Quilmas sin ninguna orden de desalojo, en Colalao del Valle”, comentó un miembro informante de la comunidad.

La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26.160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los Pueblos Originarios de su territorio por el termino de cuatro años hasta tanto se efectúe el relevamiento territorial, el cual se está realizando actualmente.

A pesar de esto, en la mañana de ayer se realizo en Colalao del Valle el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes (CIQ), destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban. Esto lo vino denunciando la CIQ desde la semana pasada.

En este sentido el abogado de Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Daniel Carlosi manifestó que “la medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos en pactos internacionales, constitución nacional y provincial”.

Según comentaron desde la comunidad esta medida fue articulada por el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, quien a pesar de estar denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sigue actuando y cometiendo distintos tipos de atropellos contra la comunidad.

A su vez la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nominación, Juan Carlos Peral, quien en todo momento desconoció la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.

El desalojo se encuentra apelado mediante un  recurso de queja ante la Corte por inconstitucionalidad pendiente de resolución fundado, entre otras razones, en las arbitrariedades e imparcialidad que mostró el Juez de Paz en la tramitación del proceso.

“La medida de desalojo llevada adelante conlleva la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi.

Por eso “hacemos responsables a los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la medida, como al Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas y las consecuencias que ello traiga para nuestros comuneros en desmedro de sus derechos individuales y colectivos”, afirman en un parte los miembros de la Comunidad Quilmes.