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Desmienten entrega de 150 millones de dólares a Honduras por FMI

Tegucigalpa, 02 Sep. ABN.- El economista y presidente legítimo del Banco Central de Honduras (BCH), Edwin Araque, desmintió este miércoles que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya entregado al gobierno de facto de ese país más de 150 millones de dólares.

El funcionario dijo que las autoridades surgidas del golpe militar del 28 de junio apelaron a 'un artificio contable' para intentar dar la versión de un clima de normalidad en el país y apuntó que la nación no puede acceder a esos fondos, porque el FMI no reconoce al gobierno de facto.

Recordó que el organismo internacional financiero sólo acepta como representantes a los designados por el presidente constitucional, Manuel Zelaya, informó la agencia de noticias Prensa Latina.

Precisó que ese dinero fue otorgado a Honduras el 2 de abril pasado dentro de un paquete mundial de préstamos anticrisis al que los países pudieron tener acceso a partir del pasado mes de agosto.

“Es falso que tengan (los golpistas) esos 150 millones de dólares que han puesto de manera artificial en la contabilidad pública”, sostuvo en una entrevista desde Washington con medios de comunicación hondureños. 

Araque señaló que el director del Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Izaguirre, ratificó en una reunión que los 150 millones de dólares, para fortalecer las reservas internacionales, no serán entregados a las actuales autoridades, porque siguen siendo consideradas ilegítimas.

Este miércoles la presidenta de facto del BCH, Sandra de Midence, sostuvo que el organismo internacional habría otorgado 163,9 millones de dólares al Gobierno de facto hondureño de Roberto Micheletti, presuntamente para fortalecer las reservas e inyectar liquidez a la economía de este país que sigue hundido en una fuerte crisis política. 

De Midence afirmó que con esa acción, más tarde desmentida, el FMI 'está respetando que somos un país miembro' y criticó a otras organizaciones financieras que le han quitado el apoyo económico, como consecuencia del golpe de Estado que dio el gobierno de facto contra el presidente constitucional Manuel Zelaya el pasado 28 de junio.