La Cámara de Diputados iniciará esta semana el análisis en comisión del proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual enviado el jueves pasado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Los diputados del oficialista bloque del Frente para la Victoria recibirán el martes o el miércoles a quienes desde el Poder Ejecutivo trabajaron en la elaboración del proyecto, entre ellos al titular del Comité Federal de radiodifusión, Gabriel Mariotto.
En esa reunión en la que los 110 diputados kirchneristas escucharán al
los funcionarios del Ejecutivo se terminará de definir la estrategia de
trabajo en el tratamiento de la iniciativa y se pondrán de plano los
principales argumentos de defensa al proyecto.
El texto de 157
artículos comenzaría a ser debatido el jueves por la mañana en un
plenario de las comisiones a las que fue girado el proyecto:
Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión.
Esas
comisiones presididas por los oficialistas Manuel Baladrón (La Pampa) y
Gustavo Marconato (Santa Fe); y por la radical Silvana Giudici (Ciudad
de Buenos Aires), respectivamente, trabajarían durante al menos dos
semanas para emitir dictamen, según estiman fuentes del bloque del
Frente para la Victoria.
A las reuniones se invitará a todos
los organismos que tengan relación con el tema como cooperativas,
organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones civiles y
universitarias, entre otros.
El diputado kirchnerista Carlos
Kunkel consideró en declaraciones periodísticas que el proyecto podría
estar aprobado por las dos cámaras en un mes, por lo que, según estos
cálculos, la iniciativa debería llegar al recinto de la Cámara a más
tardar en la tercer semana de septiembre.
Para ello es
fundamental la mayoría que el oficialismo tiene en las comisiones a las
que fue girado el proyecto, donde la oposición sólo puede aspirar a
firmar uno o más dictámenes contarios a la iniciativa del Poder
Ejecutivo.
En la comisión de Comunicaciones e Informática,
sobre 31 diputados, el oficialismo cuenta con 13 propios y con 4
aliados incondicionales, lo que le permite superar las 16 firmas para
constituirse en mayoría.
Además, en caso de contar con alguna
baja imprevista, desde el Frente para la Victoria cuentan con algunos
diputados que han manifestado su apoyo al proyecto, aunque plantean
algunos matices en varios puntos.
En este lote se encuentran los centroizquieradistas Cecilia Merchan, Miguel Bonasso y Nélida Belous.
El
resto de los integrantes de la comisión se reparte entre radicales,
cobistas y diputados de la Coalición Cívica, que suman 6; y peronistas
disidentes y representantes del PRO, que reúnen 4.
El panorama
en la comisión de Presupuesto no varía demasiado: sobre 49 integrantes
el oficialismo suma entre 22 y 24 y cuenta con 3 aliados
incondicionales; por lo que supera los 25 necesarios para tener
mayoría.
Además los diputados de centroizquierda, Carlos
Raimundi y Claudio Lozano, se encuentran más cerca de acompañar el
proyecto que de oponerse al mismo, aunque piden a cambio mayor control
al Estado en el tema de otorgamiento de licencias, entre otros
aspectos.
En esta comisión, entre radicales, socialistas,
miembros del bloque de la Coalición Cívica, peronistas disidentes, del
PRO y cobistas reúnen 19 diputados y pueden aspirar a sumar dos o tres
diputados para un eventual dictamen conjunto.
En tanto la
comisión de Libertad de Expresión, única presidida por la oposición,
suma 23 integrantes repartidos de la siguiente manera: 11
kirchneristas, 1 aliado incondicional, 10 opositores representantes de
la UCR, la CC, el PRO, el PJ disidente y el juecismo, entre otros.
El
restante miembro de la comisión es Eduardo Macaluse (Solidaridad e
Igualdad), que se encuentra en la misma situación que sus pares de
bancada, los mencionados Belous, Raimundi y Lozano (Proyecto Sur).
Aún
sin el acompañamiento de Macaluse, el kirchnerismo tiene también en
esta comisión las 12 firmas necesarias como para emitir el dictamen de
mayoría.
Entre los principales aspectos de la iniciativa que
estudia el Congreso figura la repartición por tercios de las licencias:
un tercio para la explotación comercial, un tercio para el sector
público y un último tercio para organizaciones sin fines de lucro tales
como iglesias, sindicatos universidades o fundaciones.
También
se suplanta como autoridad de aplicación al viejo directorio militar
por un órgano colegiado en el que habrá representantes del Ejecutivo y
de las tres principales fuerzas legislativas.
Otro de los puntos principales es el que impide la formación de monopolios y de oligopolios.
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