Mediante una nota enviada al Tribuna Oral Federal aseguran que la defensa de los imputados “viene tejiendo maniobras dilatorias para evitar el inicio del proceso” y solicitan una audiencia con los miembros del Tribunal Oral para plantear sus “inquietudes ante lo que consideramos maniobras de los genocidas”.
Es la primera causa por centros clandestino de detención.
En un parte de prensa firmado por Madres de Plaza de Mayo - filial Tucumán; H.I.J.O.S. Reg. Tucumán; APDH; FADETUC; Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y ANDHES manifiestan su “preocupación por la falta de fijación de fecha para el inicio del Debate Oral y Público de la causa Jefatura de Policía, luego de casi un año de encontrarse la misma en el Tribunal Oral Federal, y tratándose de una causa donde se investigan gravísimas violaciones a los derechos humanos, que luego de 30 años, aún continúan impunes”.
Además se refirieron a la defensa de los imputados que “viene tejiendo maniobras dilatorias para evitar el inicio del proceso y excluir a quienes son sus actores históricos como Familiares de Desaparecidos de Tucumán y otras organizaciones de derechos humanos”.
Por eso según detalla el parte de prensa, estas organizaciones “presentaron una nota al Tribunal Oral. En la que le solicitan una audiencia con sus miembros y se les hace presente nuestras inquietudes ante lo que consideramos maniobras de los genocidas. Los miembros de los OO de DD HH, inferimos que una vez más intentan privarnos de la posibilidad de acusarlos en el Debate Oral, ya sea cuestionando nuestra posibilidad de ser querellantes, o solicitando la unificación de nuestra actuación en el mismo”.
A su vez sostienen “que mucho antes de que recuperáramos el sistema democrático, representamos el interés colectivo de la sociedad tucumana en la investigación y castigo de los Delitos de Lesa Humanidad, y en la construcción de memoria, verdad y justicia”.
Por último aseguran que “desde el rol de querellantes que tienen algunos de nuestros organismos en estos procesos, siempre hemos respetado el derecho a la defensa y el debido proceso, para todas las partes. Hemos defendido y respetado las garantías procesales que les asisten a los imputados y por eso, hemos optado siempre por el respeto de la Democracia y sus instituciones, en este caso el Poder Judicial”.
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