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Diputados tratará la Ley de Arrendamiento

La Cámara de Diputados tratará el próximo miércoles el proyecto de Ley de Arrendamiento, una iniciativa consensuada entre la mayoría de los bloques, que establece reglas para los alquileres rurales entre las que se destaca la intención de limitar la concentración de superficies por parte de los pooles de siembra.

El proyecto cuenta con dictamen favorable de la comisión de Agricultura, que preside el kirchnerista cordobés Alberto Cantero Gutiérrez, quien señaló a Télam que "esta ley va a poner freno a la voracidad especulativa financiera de los que sólo buscan renta en el agro sin tener nada que ver con el campo".

El texto se elaboró en base a las iniciativas de diferentes bancadas, aunque los lineamientos principales surgieron de un proyecto elaborado por Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad), en base a una demanda de la Federación Agraria.

El proyecto en cuestión, de un centenar de artículos, modifica la actual ley de Arrendamiento Rural, elaborada en 1948 para regular los contratos de alquiler de los campos.

Concretamente, establece un término temporal definido para los contratos, amplia los derechos de los arrendatarios, regulan los precios en base a lo que se produzca en los campos, agrega formalidades contractuales que hoy no están en la norma, impulsa la conservación de los recursos y desalienta la explotación de tierras por parte de los pooles de siembra.

En lo que tiene que ver con el intento de poner freno a la concentración y extranjerización de la tierra, uno de los principales artículos del proyecto señala que "una persona física o jurídica sólo podrá alquilar un máximo de 10 unidades económicas".

Las unidades económicas (medidas en hectáreas) serán definidas por la autoridad de aplicación durante la reglamentación de la ley.

También dice el texto que "cuando en los contratos no se estipule plazo o se estipule uno inferior a cinco años, el arrendatario, de todas maneras, tendrá derecho a ejercer el alquiler por un plazo de cinco años".

Este punto busca evitar los contratos por un año o dos y la falta de una consecuente planificación en la elección del tipo de siembra.

En este sentido especifica que "deberá indicarse en el contrato la conformación de la rotación, el modelo tecnológico a utilizar y los criterios centrales del manejo de cultivos que aseguren el cumplimiento de este punto".

En diálogo con Télam, el diputado Macaluse explicó que "lo importante, en primer lugar, es que a partir de esta legislación habrá reglas; se institucionalizarán las relaciones".

"Con esta iniciativa se busca ayudar al pequeño productor Porque la idea es tratar de fomentar contratos más prolongados que beneficien a los que trabajan la tierra en el lugar", remarcó.

En este aspecto destacó que eso se podría conseguir "a través de ciertos incentivos tributarios y de ciertas protecciones contractuales".

El diputado de centroizquierda precisó que "lo que busca este proyecto es evitar que el gran productor pueda imponerle condiciones al que tiene menos poder económico"; porque "los pequeños productores ye tenedores de tierra no tienen un buffet de abogados para defenderse, por ejemplo".

Por su parte, Cantero anticipó que "entre lunes o martes y el mismo miércoles se intentará consensuar el proyecto para que sea apoyado por la mayor cantidad de diputados posibles".

El diputado oficialista señaló que tras la firma en disidencia del dictamen intentará conversar con esos bloques de la oposición (UCR-Coalición Cívica-PRO) sobre los puntos que generan las mayores diferencias: el tiempo mínimo de arrendamiento y el tope de unidades económicas que pueda tener un arrendatario.

Cantero dijo que "el proyecto busca beneficiar al chacarero que trabaja y vive en el campo; y privilegiar la capacidad tecnológica de los nuevos profesionales que se han tecnificado".

"Esta ley busca terminar con la renta especulativa y los fondos buitres, que han estado haciendo un gran negocio financiero con las tierras de Argentina", explicó.

"Actualmente esos grupos tienen una rentabilidad de entre el 20 y 30 por ciento anual y en dólares, a partir de un beneficio que les da el hecho de operar en escala y vinculados con empresa exportadoras de los productos", enfatizó.

Y concluyó: "ésta es una ley muy esperada por los pequeños centros rurales del interior, que son más de 1.500; y por los centros de ingenieros agrónomos y de profesionales que tienen que ver con el trabajo agrícola y que trabajan totalmente al margen de los grandes pooles de siembra".