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La CIDH está en Honduras para hacer un informe sobre violaciones a los Derechos Humanos

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió ayer en Tegucigalpa con jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el inicio de una visita que terminará el viernes, durante la que recibirá denuncias vinculadas al golpe de estado del 28 de junio.

"No vamos a emitir declaraciones o conclusiones" antes de elaborar el informe, sostuvo el vicepresidente de la CIDH, el argentino Víctor Abramovich.

La comisión de la CIDH no prevé tomar contacto con el gobierno de facto, que de todos modos señaló en una primera reacción ante la visita de supuestas "filtraciones de la izquierda" en ese organismo internacional, así como en los de defensa a los derechos humanos, según declaraciones que reproduce la agencia ANSA.

La misión de la CIDH en Honduras prevé mantener encuentros con distintos sectores sociales para conocer la situación de los derechos humanos a raíz del golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya.

"No vamos a emitir declaraciones o conclusiones" antes de elaborar el informe, sostuvo el vicepresidente de la CIDH, el argentino Víctor Abramovich, citado por la misma agencia de noticias.

También integran la misión la venezolana Luz Patricia Mejía; el segundo vicepresidente y relator para Honduras, el chileno Felipe González; el comisionado estadounidense Paolo Carozza; el secretario ejecutivo, el argentino Santiago A. Canton, y personal de la Secretaría Ejecutiva.

Canton declaró el domingo que durante la visita la delegación recibirá denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de estado, se reunirá con representantes de la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, Ministerio Público y de la sociedad civil, y visitará varias regiones del país.

La CIDH es una entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos y está conformada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA.

La CIDH reconoce a Zelaya como el presidente constitucional, por lo que la misión no utilizó los canales de la Cancillería para ingresar al país, sino a través de la Corte Suprema de Justicia, dijo ayer la vicecanciller de facto, Martha Lorena Alvarado.

Alvarado se quejó porque "hay una enorme infiltración de la izquierda" en las organizaciones de derechos humanos, incluida la CIDH, y "me encantaría estar equivocada, pero tenemos grandes reservas".

Tras recordar que fue defensora del derecho humano a la vida, dijo: "Conozco perfectamente cómo la izquierda ha penetrado a las instituciones defensoras de los derechos humanos, y por eso tenemos que tener mucha cautela y no tener grandes expectativas en estos informes".

Aclaró que con la visita de la CIDH "no estamos siendo sometidos a ningún juicio internacional, ni a ninguna corte internacional, simplemente están viniendo gentes que les interesa probablemente el caso de Honduras".

La funcionaria consideró "lamentable" que los informes de otras comisiones de derechos humanos que visitaron Honduras "no reflejan lo que se dio realmente, y sí preocupa de alguna manera la parcialidad que priva en varios organismos de derechos humanos en todas partes del mundo".

Alvarado subrayó que la comisión negociadora del gobierno de Micheletti viajó ayer nuevamente a Washington para reunirse con embajadores y personas que podrían "hacer un cambio" en la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual depende la CIDH.

En tanto, la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, declaró que la comisión recibió muchas denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, principalmente por el toque de queda que impuso Micheletti. Indicó que la CIDH no reconoce a Roberto Micheletti como presidente sino a Manuel Zelaya, y a la canciller Patricia Rodas.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón, dijo por su parte que la CIDH constatará muchas denuncias de violaciones de los derechos humanos que sucedieron después del 28 de junio, entre ellas atentados a la libertad de prensa y agresiones a periodistas que no apoyan al régimen de facto.