Las empleadas en quehaceres hogareños son las más discriminadas del mundo laboral ya que esa actividad es ejercida en gran parte en condiciones de precariedad, según un informe que el INADI emitió ayer, en el Día de las Trabajadoras Domésticas.
La titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), María José Lubertino, dijo que el personal doméstico "no cobra asignaciones familiares, no tiene cubiertos sus riesgos de trabajo y tampoco tiene licencia por maternidad", por lo que es necesaria una "fuerte reforma legal".
La actividad "es ejercida en un 99% por mujeres, en muchos casos madres y jefas de hogar, una gran parte en condiciones de precariedad laboral, lo que agudiza el círculo de la pobreza", señaló Lubertino.
"La falta de cobertura de salud -observó- no solamente las afecta a ellas sino también a sus hijos, motivo por el cual el INADI entiende que es un trato discriminatorio".
La funcionaria reconoció el accionar de la cartera laboral, que "impulsó la regularización del trabajo doméstico a través de incentivos de desgravación fiscal, junto a la posibilidad de regulación jubilatoria a quienes no tenían los aportes al día".
Lubertino explicó que "muchas de las mujeres que ejercen esta actividad lo hacen en condiciones de precariedad laboral absoluta, ya que reciben su pago por hora efectivamente trabajada y no se les aplica la ley de contrato de trabajo porque tienen un estatuto que establece derechos restringidos"
"Su acceso a la Justicia es condicionado, porque frente a los conflictos -dijo- deben recurrir a un tribunal especial dentro del Ministerio de Trabajo a lo que debe sumarse que un alto porcentaje que trabaja por fuera del sistema, por lo que no reciben los beneficios previstos legalmente"
La titular del INADI precisó que "las domésticas registradas en relación de dependencia son el 22,7% del total de asalariadas mujeres de todo el país" y que la proporción sobre el total de trabajadores de ambos sexos es del 7% del total, similar al registrado durante los años 90".
Estas trabajadoras son "aproximadamente 911.000 pero, por la ausencia de registro, es probable que el número sea mucho mayor", estimó.
"Una solución posible sería crear una caja compensadora, ya que el hecho de que los empleadores no sean empresas sino hogares particulares determina dificultades para que se incorporen plenamente a los derechos laborales", expuso Lubertino.
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