Caracas, 19 Jul. ABN (Aurelio Gil Beroes).- La vacilante conducta que ha exhibido el gobierno de Estados Unidos frente a la crisis política de Honduras, parece explicarse por el doble perfil de su política. Por un lado, promovió el golpe militar que derrocó al Presidente Manuel Zelaya y por el otro, ha tenido que alinearse con el repudio mundial a ese hecho, para no quedar aislado políticamente en el escenario internacional.
Con el derrocamiento de Zelaya, Washington trata de asegurar sus intereses en la región, y de garantizar su capacidad de presión y tutela sobre los gobiernos vecinos, antes de que un presidente díscolo, surgido de las filas del liberalismo, pero proclive a los aires de soberanía que recorren a Latinoamérica, alejase definitivamente a Honduras de su redil.
Así pues, y en una versión política de lo que se
conoce militarmente como “guerra preventiva”, el domingo 28 de junio,
se produce el golpe de Estado que derroca a Zelaya.
Una parte muy importante de esos intereses que había que asegurar a
toda costa y ante cualquier amenaza, y que, por ahora, quedan a buen
resguardo, es la base militar que Estados Unidos mantiene en la zona de
Palmerola, en la propia Honduras.
Palmerola
Con este nombre se designa a un pequeño pueblo de la provincia española de Cataluña, cercano a la frontera con Francia.
Este nombre parece no existir en ninguna otra parte de Iberoamérica
excepto en Honduras, donde identifica una zona cercana a la antigua
capital de ese país: Comayagua.
En esa zona se localiza la base “Coronel José Enrique Soto Cano”,
que es la sede de la fuerza aérea hondureña y de la escuela de aviación
militar de ese país.
La base está emplazada en un área de 3 kilómetros de ancho por 10
de largo, sobre una meseta de 628 metros sobre el nivel del mar, donde
opera, desde principio de los años 80 del siglo pasado, un enclave
militar estadounidense denominado Fuerza de Tarea Conjunto Bravo.
Este contingente está integrado por cerca de 500 efectivos
adscritos a seis diferentes comandos: Personal conjunto, Escuadrón
aéreo 612, Fuerzas Armadas, Fuerzas de seguridad conjuntas, un
componente médico y un batallón del regimiento 228 de la aviación.
Además, un componente de la Armada del Sur, de Estados Unidos,
presta apoyo aéreo para las tareas y misiones de la Fuerza de Tarea
Conjunto Bravo.
En la base operan por lo menos 18 helicópteros de las series UH-60
Black Hawk y CH-47 Chinook, entre otras aeronaves de combate y
reconocimiento.
La pista de esta base militar, una de las más grandes de Centroamérica, permite el aterrizaje de aeronaves de gran tamaño.
Allí aterrizaron aeronaves de todo el mundo, en ocasión del
recibimiento de la ayuda humanitaria que se brindó a ese país, luego de
que, en octubre de 1998, fuera azotado por el huracán Mitch, con saldo
de 10 mil muertos y miles de desaparecidos.
Legalidad de la base
La Constitución hondureña, vigente desde 1982, prohíbe la presencia
permanente en territorio del país, de contingentes militares
extranjeros.
El Artículo 19 de esa Carta Magna establece: “Ninguna autoridad
puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen
la integridad territorial, la soberanía e independencia de la
República.
Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la Patria. La responsabilidad en este caso es imprescriptible”.
Y el Artículo 107 asegura la propiedad de la tierra para los
hondureños: “Los terrenos del Estado, ejidales comunales o de propiedad
privada situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el
litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kilómetros hacia
el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes,
escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, sólo podrán ser
adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de
nacimiento…
Y añade también: “por sociedades integradas en su totalidad por
socios hondureños y por las instituciones del Estado bajo pena de
nulidad del respectivo acto o contrato.
La adquisición de bienes urbanos -puntualiza- comprendidos en los
límites indicados en el párrafo anterior, será objeto de una
legislación especial.
Más adelante señala: Se prohíbe a los registradores de la propiedad
la inscripción de documentos que contravengan estas disposiciones”.
Convenio anexo
Mucho antes, en 1954, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos
suscribieron un acuerdo por medio del cual, la nación del norte
prestaría apoyo militar a la nación centroamericana, en condiciones
determinadas.
Sobre la base de este acuerdo, y mediante un anexo al mismo, los
mandos militares de ambos países, a principios de los años ochenta,
convinieron en establecer un contingente militar norteamericano en la
base Coronel José Enrique Soto Cano.
Este convenio podría ser abrogado fácilmente por el presidente
Zelaya, posibilidad ésta que, como dijimos, ha debido ser una de las
razones que indujeron al Gobierno de Washington a derrocar a Zelaya.
Para burlar la Constitución, los espacios de alojamiento y trabajo
del contingente militar estadounidense en Palmerola son instalaciones
provisionales: carpas, chozas, galpones y ventorrillos.
Pero se trata en realidad de un personal permanente, alojado en instalaciones permanentemente provisionales.
Antecedentes de operaciones
En cumplimiento de su misión en la región, la base de Palmerola fue
utilizada por el ejército estadounidense, al mando del coronel Oliver
North, en los años 80, para hostigar a la triunfante Revolución
Sandinista de Nicaragua.
Armas y dinero provenientes del tráfico de drogas, entraron y
salieron de esa base para financiar el ejército de mercenarios
antisandinistas.
Recuérdese el escándalo “Irán- Contras”, que develó los perversos
mecanismos de tráfico de drogas a los cuales recurrieron la CIA y el
ejército estadounidense, para obtener dinero y armas contra la
revolución sandinista, burlando así disposiciones expresas de la
Constitución de ese país y del Congreso.
La guerra contra la naciente Revolución en Nicaragua, dejó un saldo
de decenas de miles de muertos y pérdidas económicas incalculables de
las cuales ese país aún no se ha recuperado.
Otro destino
El 31 de mayo de 2008, el presidente Zelaya anunció que el
aeropuerto de la base de Palmerola comenzaría a recibir vuelos
comerciales en un lapso de 60 días.
Un accidente ocurrido en Toncontín, el aeropuerto que sirve a la la
ciudad de Tegucigalpa, atribuido a las cortas dimensiones de esa pista,
y que dejó un saldo de cinco muertos, fue la causa del anuncio
presidencial.
También hay planes de reconstrucción de la infraestructura del
aeropuerto, ordenados por Zelaya con el apoyo financiero del ALBA.
Lo cierto es que la eventual operación comercial de Palmerola,
significaría una clara restricción a las operaciones militares que allí
se despliegan, cuestión que podría significar la apertura de un nuevo
tiempo para la vida económica, política y social de ese país.
Por ahora, esta posibilidad permanece secuestrada por los militares golpistas y la oligarquía hondureña.
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