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Piden transparencia y participación en la elección del Defensor del Pueblo

Con la finalidad de lograr una Defensoría comprometida con su misión constitucional y que el próximo Defensor o la próxima Defensora sea elegida de manera transparente y participativa y sea una persona de reconocida trayectoria y compromiso en la defensa de derechos., se puso en marcha una iniciativa apoyada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, asociaciones sindicales y profesionales y académicos de todo el país, alrededor de 40 legisladores nacionales de todos los partidos políticos y una gran cantidad de particulares.

La Defensoría del Pueblo de la Nación fue creada en la Reforma Constitucional de 1994 para la defensa y protección de los derechos humanos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional frente a actos u omisión de la Administración Pública Nacional y/o concesionarios de servicios públicos que los amenacen, restrinjan o vulneren. 

La renuncia de Eduardo Mondino y la inminente elección del/la próximo/a Defensor/a del Pueblo de la Nación por parte del Congreso Nacional, abren  una oportunidad inmejorable para revalorizar el papel de una institución de tanta importancia para el control del Estado.

Actualmente, la ausencia de requisitos mínimos relativos a la capacidad del candidato a Defensor del Pueblo, sumado a la escasa información sobre las cualidades de los postulantes y sobre el cuantioso presupuesto que esta institución tiene a su cargo, invisivilizaron el proceso de elección, el cual incide en forma directa en el perfil y la labor del Defensor.

Por lo tanto, es fundamental que los/las próximos/as candidatos/as posean ciertas calidades. En primer lugar, una conducta pública que acredite no sólo suficiente idoneidad profesional, sino también ética o moral, requisitos centrales para acceder a una institución cuya función es marcar ilegalidades y abusos de la administración pública, sugerir propuestas e intervenir en discusiones acerca del diseño, formulación e implementación de políticas públicas. En segundo lugar, es fundamental que quien finalmente ocupe dicho cargo tenga la mayor independencia de criterio posible. Al tratarse de un órgano unipersonal, la legitimidad de la Defensoría del Pueblo se construye sobre el prestigio y calidades públicas de la que pueda ser objeto su titular.

Por otro lado, la legitimidad institucional de quien ocupe el cargo también dependerá de la realización de procedimientos de designación transparentes, abiertos y participativos, que sustraigan dicha designación constitucional de los mecanismos habituales de “acuerdos político- partidarios” como principal lógica de selección.

La mayor legitimidad de la Defensoría tendrá así una consecuencia directa en su capacidad de articular respuestas satisfactorias frente a los reclamos de las personas cuyos derechos sean vulnerados.

La garantía de un procedimiento transparente resulta complementaria de la obligación del candidato elegido de legitimar su trabajo a través de una constante y efectiva rendición de cuentas de su gestión.

Las prácticas políticas de los poderes públicos deben honrar los principios y valores constitucionales; en ello también se juega su propia de legitimidad. La designación del próximo Defensor del Pueblo de la Nación es una oportunidad para que el Congreso y los partidos políticos allí representados den un paso adelante en la construcción institucional de nuestra democracia.