Las autoridades del INDEC enviaron ayer una carta al personal del organismo para ponerlos en conocimiento de las irregularidades cometidas por la ex titular de la Dirección de Índice de Precios de Consumo (IPC), Graciela Bevacqua.
En la carta se puntualizan las "anomalías administrativas, presupuestarias, organizativas, metodológicas y éticas" y se aclara que la misiva se concreta a raíz de las sucesivas declaraciones formuladas por Bevacqua en los medios de comunicación.
En el escrito, las autoridades del INDEC señalan que la "preeminencia
mediática" respecto a la renuncia de la ex directora del IPC,
presentada el 29 de enero de este año, se fundamenta en "las
expectativas generadas" en la incidencia de ese índice "sobre el CER
que ajusta la deuda pública".
La carta señala que la ex
funcionaria actualmente se encuentra procesada como coautora penalmente
responsable del delito de "falsedad ideológica en concurso ideal con el
de defraudación en perjuicio a la administración pública".
Dicha
acción judicial se desarrolla por "haber certificado la prestación de
horas extras al agente Luciano Belforte, habilitando el pago de las
mismas, cuando éste se encontraba en el exterior".
Además,
señala que entre los años 2007 y 2008, Bevacqua "no concurrió a prestar
servicios durante 403 días" y remarca que durante "todo el período de
ausencia, la interesada percibió el 100% de sus haberes, con cargo en
el Presupuesto Nacional".
El escrito también hace referencia a
la supuesta interferencia, que según Bevacqua, realizó el Gobierno para
impedir su inclusión en el Instituto Nacional de Estadísticas de
Uruguay (INE),en relación al diálogo entre la directora del organismo
uruguayo y la dirección del INDEC.
En ese sentido, explica que
las consideraciones sobre la situación de Bevacqua de la Dirección del
INDEC remitidas a la funcionaria del vecino país hicieron hincapié "en
primer lugar en la Ley de Ética de Función Pública Nº 25.188 que
refiere que "todos los funcionarios y empleados del Estado deben
abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de su
funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas
oficiales".
En ese marco, la dirección del INDEC, acusó a
Bevacqua de haber pretendido aparentar ante el Estado Nacional "su
incapacidad de trabajar, percibiendo el 100% de su salario, y al mismo
tiempo percibir una remuneración vía PNUD por trabajos de consultoría
en la hermana República del Uruguay" y agrega que "en nuestro Código
Penal, la figura se denomina defraudación a la Administración Pública".
Sobre
este mismo tema, el INDEC, remarca la "confusión conceptual" de la ex
directora del IPC, por cuanto "una cuestión es que el INDEC brinde
asistencia técnica internacional y otra muy distinta es que sus agentes
realicen consultorías remuneradas en forma independiente, al tiempo que
perciben sus haberes por parte del Estado Nacional".
En otro
tramo del escrito se hace referencia a las "anomalías" metodológicas en
la elaboración del IPC durante la gestión de Bevaqcua en la que según
la autoridades del INDEC, "existió una total falta de resguardo de
información confidencial", brindando "en reiteradas oportunidades" esa
información a consultoras privadas y posibilitando el acceso a las
mismas de personas "ajenas a la institución".
Entre las
anomalías metodológicas citan "la utilización de marcas específicas" de
productos para los relevamientos de precios, distintas a las
habitualmente utilizadas en el cálculo del IPC, "en contraposición con
la metodología vigente", la no actualización de las variedades con
vistas a reflejar el verdadero consumo de la población, la utilización
de parámetros no convencionales, todo lo cual contribuía a generar un
valor ficticio.
Aclara finalmente la carta que todas las
descripciones formuladas expresan algunas de las anomalías
administrativas, presupuestarias, organizativas, metodológicas y éticas
que caracterizaron el funcionamiento de ese programa de trabajo hasta
enero de 2007.
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